Alcobendas aprueba un protocolo de actuación ante la ocupación ilegal

Alcobendas aprueba un protocolo de actuación ante la ocupación ilegal

El Ayuntamiento de Alcobendas ha aprobado un protocolo de actuación ante la ocupación ilegal de viviendas, cuyo objetivo es prevenir y “coordinar la respuesta” que ofrece la Policía Nacional y Local, la Fiscalía, los jueces y el propio Ayuntamiento a la hora de actuar en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

Aunque desde el propio Consistorio de Alcobendas en esta ciudad solamente tienen constancia de casos aislados de ocupación en un bloque de pisos, en la calle Largo Caballero, el Gobierno (formado por PSOE y Cs) ha sacado adelante este protocolo para convertirse en “una ciudad pionera” en materia de ocupación.

La normativa, impulsada por el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Arranz, defiende que este protocolo supone “una defensa a ultranza del derecho a la propiedad privada”, recogido, según pone en valor en un comunicado, en la Constitución Española y el Código Civil.

En este sentido, Arranz apunta que la ocupación de viviendas o locales “es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes públicos” y la articulación de medidas cautelares “efectivas” para “devolver la posesión al legítimo propietario lo antes posible”.

El nuevo protocolo ya está en vigor, al haber sido aprobado por la Junta de Gobierno, y su redacción definitiva ha sido consensuada con el resto de grupos políticos, el área jurídica del Ayuntamiento, los Servicios Sociales municipales y los cuerpos de seguridad de la ciudad.

En el texto se determina que, cuando se detecte un caso de ocupación, los “legítimos propietarios y sus familiares” serán considerados “víctimas”, y se contempla que estos sucesos pueden “generar problemas adicionales”, como el deterioro de la convivencia del vecindario, quejas relativas a suciedad o ruidos y la “percepción de inseguridad” en la zona.

Por todo ello, Arranz ha anunciado que los afectados recibirán atención “personalizada, confidencial y gratuita” con el objetivo de “recuperar lo antes posible la posesión de su vivienda o local”, además de ayuda psicológica, si la precisan.

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