La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) ha reconocido el derecho de la viuda y los hijos del guardia civil José Manuel Arcos, que murió al recibir un tiro en acto de servicio en octubre de 2018 en Huétor Vega (Granada), a que el Ministerio del Interior costee los más de 334.200 euros de indemnización que se fijaron en sentencia para ella y los huérfanos, después de que el hombre condenado por la muerte del agente fuera declarado insolvente.
La sentencia, consultada por Europa Press, de fecha de este pasado 24 de septiembre, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la viuda del agente Arcos y sus hijos contra la resolución de 18 de octubre de 2022, dictada por la Subsecretaría del Ministerio del Interior "desestimatoria de la petición de resarcimiento, resolución que se anula por no ser conforme a derecho, reconociendo el derecho al abono de las cantidades reclamadas".
"La normativa aplicable al resarcimiento por daños personales a un guardia civil incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos, siendo aplicable el principio de indemnidad en interpretación jurisdiccional para incluir la indemnización declarada en sentencia penal por el asesinato de los guardias civiles ocurrido en acto de servicio", especifica la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
El carácter pionero del pronunciamiento, es la aplicación también a las familias de los guardia civiles asesinados "del principio de indemnidad, que implica que la Administración debe resarcir a sus funcionarios por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones por acciones ilícitas de las personas sobre las que las ejercen, cuando no haya dolo, culpa o negligencia por parte del funcionario y el responsable directo del daño sea insolvente".
En concreto, según ha detallado este lunes el letrado granadino, son cinco las familias que se podrán beneficiar: las de los dos guardia civiles asesinados por Igor el Ruso, la familia del teniente coronel de la Unidad Especial de Intervención asesinado y las de los dos agentes de la Benemérita de Barbate, en referencia a Víctor Romero, Víctor Jesús Caballero, Pedro Alfonso Casado, David Pérez y Miguel Ángel González.
Contra la sentencia, que ha sido dictada después de la votación y fallo fechado para este pasado 23 de septiembre, cabe recurso de casación en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación.