La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que introducía carburante adulterado en gasolineras low cost de Murcia, Levante y Almería, con la finalidad de eludir los controles y evadir el pago de impuestos.
Según fuentes de este cuerpo, en el marco de esta operación, denominada “Tenk”, han sido detenidas 18 personas e investigadas otras 14, a las vez que se ha vinculado a 40 empresas con el entramado criminal.
La investigación se inició en 2023, a raíz de las quejas de vecinos de la pedanía de La Hoya del Campo, perteneciente al municipio de Abarán (Murcia), por el continuo trasiego de camiones cisterna. Los agentes investigaron las denuncias y encontraron un gasocentro irregular, en cuyo interior había más de 70.000 litros de gasóleo, junto con maquinaria y depósitos.
Los agentes averiguaron que este combustible, conocido como “designer fuel” (combustible de diseño), era una mezcla de gasóleo y otros componentes añadidos para modificar las características físicas del compuesto original y evitar el pago de impuestos. Además, se encontró una sustancia conocida como triacetina, un producto que no cumple las especificaciones establecidas para el gasóleo de automoción.
El destino final de este combustible modificado eran estaciones de servicio “low cost” de las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Valencia, donde encontraron indicios que les llevaron hasta otros dos gasocentros irregulares en los municipios de Abanilla (Murcia) y Silla (Valencia).
Combustible declarado como lubricante para eludir impuestos
La investigación determinó que estos carburantes adulterados provenían de Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania, entre otros países y que los cargamentos eran declarados como aceites y lubricantes y no como gasóleo, para eludir los controles para la circulación de productos sujetos al Impuesto Especial de Hidrocarburos en la UE, así como el devengo del Impuesto Especial, del IVA y del Impuesto sobre Sociedades.
Los gases emitidos por este combustible en su combustión pueden suponer una amenaza para el medio ambiente y la salud pública. Su almacenamiento irregular también genera riesgos de vertido y pueden causar un perjuicio al consumidor final, por posibles daños en los motores de los vehículos particulares.