El flujo migratorio irregular ha alcanzado cifras récord en España durante el primer semestre de 2025. Solo por la peligrosa ruta atlántica hacia Canarias —una de las más mortíferas del mundo— han llegado cerca de 11.500 personas, y se contabilizan más de 500 embarcaciones arribadas a nuestras costas por vía marítima.
Este aumento ha provocado la saturación de los protocolos de identificación en los centros de primera acogida. Una de las principales dificultades es la determinación de la edad de los migrantes, un dato clave para definir su tratamiento jurídico. Según fuentes del sector, no son pocos los jóvenes que afirman ser menores de edad o destruyen su documentación, conscientes de que eso reduce la probabilidad de ser deportados.
El sistema de reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas vuelve a estar en entredicho. Aunque la ley establece criterios de equidad, la disparidad entre territorios es evidente: mientras la Comunidad de Madrid acoge a más de 800 menores, Cataluña apenas recibió 27 en marzo. Una situación que, según algunas voces, no parece casual si se observa el color político de los gobiernos autonómicos más saturados.
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