Los Mossos desalojan a 400 okupas, en su mayoría inmigrantes, de un antiguo instituto de Badalona
- La operación se ha saldado con 19 detenidos y 181 personas identificadas
- El alcalde de Badalona ha dejado en manos del Gobierno y de la Generalitat ofrecerles una residencia alternativa
Los Mossos d'Esquadra han desalojado este miércoles el edificio del instituto B9 de Badalona (Barcelona), una ejecución que ha dejado en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos que se quedan a la intemperie y sin solución habitacional en pleno diciembre.
El desalojo, el mayor que se recuerda en Cataluña, según los sindicatos de vivienda, ha contado con un amplio dispositivo policial y se ha saldado con 19 detenidos (la mayoría por la ley de extranjería) y 181 personas identificadas.
Según han informado los Mossos, una vez finalizado el desalojo, que ha arrancado hacia las 08:00 horas y se ha ejecutado en aplicación de una orden judicial, han entregado el edificio al Ayuntamiento de Badalona, que tiene la titularidad y planea reconvertirlo en comisaría de la Guardia urbana.
La orden de desalojo había sido dictada por la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona atendiendo a la petición efectuada por el consistorio badalonés.
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El alcalde de la ciudad, el popular Xavier García Albiol, ha celebrado que se haya podido llevar a cabo el desalojo tras un proceso judicial de más de dos años, "una actuación necesaria, muy esperada y absolutamente justificada", ha dicho. "Dije que sacarían a esta gente y lo hemos hecho porque Badalona no puede ser un refugio para la ilegalidad, ni para comportamientos conflictivos que perjudiquen a aquellos que quieren algo tan sencillo y normal como es poder vivir cada uno en su casa, con tranquilidad, sin miedo a salir a la calle", ha defendido.
Sin embargo, Albiol ha asegurado que no invertirán "ni un euro" en dar una solución habitacional a los desalojados más allá de algo más de una decena de personas de especial vulnerabilidad, de las que ya se habrían ocupado los servicios sociales.
Desde el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat han señalado a EFE que están en contacto con el consistorio para ofrecer colaboración, si bien han recordado que se trata de un asunto de competencia municipal. La consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha señalado que "se han hecho gestiones previamente para derivar los casos de más extrema vulnerabilidad hacia unos recursos adecuados", un grupo que ha cifrado en 59 personas.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha tildado de "deplorable" que el alcalde de Badalona "no conozca" sus propias competencias municipales en materia social para atender a las personas desalojadas de un instituto.
Las entidades sociales, que tras intentar frenar el desalojo han ofrecido ayuda y orientación a algunos de los inmigrantes desalojados sin alternativa, han criticado la acción, de la que culpan a Albiol, pero también al resto de administraciones públicas.
La Mesa de entidades del Tercer Sector Social de Cataluña ha llamado la atención sobre que el desalojo "condena a vivir a la intemperie en condiciones extremas, con riesgos para su salud y seguridad".
Unos 250 manifestantes se han manifestado esta tarde en Badalona para protestar por el desalojo, una concentración convocada por las asociaciones de vecinos y los sindicatos de vivienda.
