Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado este viernes en las sedes de Correos y de organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, para requerir documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación a la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez.
Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, estos requerimientos de documentación forman parte de la operación puesta en marcha por orden del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Sevinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
El Juzgado ordenó la practica de 19 registros y requerimientos de información en el día de ayer y se conocieron algunos de ellos, como los que tuvieron lugar en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada al igual que en Correos.
Las fuentes han precisado que los agentes se han desplazado a organismos dependientes de esos ministerios, como la Dirección General de Patrimonio del Estado o el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) o la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica).
Asimismo, la Guardia Civil se ha personado en la sede de la empresa Cofivacasa, perteneciente a la SEPI.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado a EFE que la Guardia Civil ha solicitado documentación, en concreto dos expedientes administrativos, "y el ministerio la ha facilitado rápidamente y con total colaboración y transparencia".
Mientras, fuentes de Correos han señalado que el organismo está atendiendo los requerimientos recibidos, pero no han querido aportar más información a EFE por respeto al secreto de sumario.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisó que "se trata de requerir información" y "que no son registros", e instó a todos los organismos a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y pidió "absoluta colaboración" por parte de todos los organismos púbicos a los que los agentes están requiriendo información y documentación.
La UCO requirió documentación este jueves a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa y realizó algunos registros, también en domicilios, de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.
Además de a esas empresas públicas, los agentes acudieron a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital mañana, o a la empresa Cemsal.
También registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.
Los tres detenidos por la UCO, Leire Díez, Antxón Alonso y Vicente Fernández, serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde el miércoles en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).