Montero se desvincula del expresidente de SEPI y dice que no tienen contacto hace 6 años
- La vicepresidenta y ministra de Hacienda de la que depende la SEPI dice que no conocía Servinabar, se desmarca del detenido Vicente Fernández y no teme lo que pueda decir Leire Díez
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha desvinculado este jueves del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, detenido por presuntas irregularidades en contratos públicos, y ha asegurado que no tiene contacto con él desde que dejó el cargo hace seis años.
"Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente año y pico en SEPI (...) y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", ha explicado en declaraciones en el Congreso.
Montero ha asegurado que no ha tenido "ningún contacto de WhatsApp, ni llamadas, ni reuniones con él, ni un entorno que compartamos, ni amigos de amigos".
Además, ha subrayado que el "perfil profesional" de Vicente Fernández "avalaba su nombramiento" al frente de la SEPI, porque había sido interventor general de la Junta de Andalucía y miembro del Cuerpo de Letrados de la Junta.
"Tiene toda una trayectoria trabajando en la Junta de Andalucía, su perfil profesional avala su nombramiento", ha incidido la vicepresidenta, tras apuntar que, dado que el sumario del caso Leire Díez es secreto, no sabe ni las actividades ni el periodo que investiga la Guardia Civil.
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No obstante, ha recordado que, según lo publicado en prensa, "todo lo de (la empresa) Servinabar (propiedad del empresario Antxon Alonso, también detenido) es posterior a su salida de la SEPI".
Montero ha reiterado que el Gobierno está colaborando con la justicia y respondiendo rápido a todos los requerimientos para que "respondan ante la justicia todos los que estén implicados en una trama o hayan cometido un delito".
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Vicente Fernández presidió la SEPI desde junio de 2018 a octubre de 2019, fecha en la que dimitió tras ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso del que fue absuelto al igual que el resto de acusados.
