La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante socialista Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI.
Ambos han sido detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debido a una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial.
Los arrestados se encuentran en la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), en el marco de una operación que sigue abierta.
Díez figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.
El magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción con la que pretendía malbaratar investigaciones judiciales.
Leire Díez, fue la exdirectora de Comunicación de la empresa pública Correos, que depende de la SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades.
Por su parte, Vicente Fernández trabajó en Servinabar, empresa investigada en el caso Koldo, después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que ha sido absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.
Servinabar es una empresa vinculada con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se quedaba con un 2% de cada adjudicación que lograba Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con una trama que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.