El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama a consecuencia del reciente informe de la UCO de la Guardia Civil en relación con los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos en Canarias.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ha citado al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, para el 27 de noviembre, y al que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, para el día siguiente, el 28 de noviembre.
El magistrado acuerda esta diligencia en una providencia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción una vez recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
La acusación popular unificada que dirige el PP ha pedido este viernes al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, que impida al PSOE ejercer como acusación popular, después de que decidiera abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico del partido al ex ministro José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García porque "supone una contradicción que pueda aparecer como acusación quien es objeto de investigación".
"Es incompatible que una persona investigada actúe como acusación popular, ya que ello supondría una contradicción con la finalidad de la figura y podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal", asegura.
El PP aclara asimismo que, dado que actúa en representación de todas las acusaciones populares del 'caso Koldo' y el PSOE sigue formando parte de ellas, "como es obvio, manifiesta su disconformidad con la petición que se formula en el presente escrito".
Los 'populares' han dado este paso un día después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acordara abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico que hizo el PSOE a Ábalos y a Koldo.
Las pesquisas en el Supremo destaparon que algunos de los pagos en efectivo que recibieron estaban justificados como liquidaciones por gastos anticipados en la documentación aportada por el PSOE a la causa, pero otros no.