El Senado de España ha decidido denunciar ante el Tribunal Constitucional el bloqueo sistemático de las iniciativas legislativas que llegan al Congreso de los Diputados. La decisión se adopta a iniciativa del Partido Popular, que cifra en 125 proyectos de ley los que permanecen paralizados.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya advirtió al inicio del curso político, el pasado mes de septiembre, de que su formación actuaría de inmediato si no se corregía esta situación. “No se ha corregido”, ha reiterado, denunciando que leyes con apoyo mayoritario “se queden en un cajón”.
La estrategia para frenar las iniciativas del Senado, según los populares, pasa por prolongar indefinidamente el plazo para la presentación de alegaciones o enmiendas en el Congreso, una decisión adoptada por la Mesa de la Cámara Baja. Esta actuación cuenta con el respaldo de su presidenta, Francina Armengol, y del grupo parlamentario de Sumar.
El enfrentamiento entre ambas cámaras viene de largo y ha impedido que salgan adelante leyes ya aprobadas por el Senado, como la expulsión de okupas en un plazo de 24 horas, la rebaja del IVA a las peluquerías o el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como cuerpos de seguridad.
Antes de presentar el recurso, el Senado remitió un requerimiento formal al Congreso para desbloquear la situación. Sin embargo, la presidenta de la Cámara Baja respondió que la normativa vigente le permite ampliar los plazos de tramitación.
Ahora, el conflicto institucional queda a la espera de lo que decida el Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de este procedimiento.