El Senado ha presentado ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Gobierno, a instancias del grupo popular, mayoritario en la Cámara, por no haber presentado ni remitido al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026.
La decisión del Senado se basa en un acuerdo del pleno del pasado 22 de octubre, cuando los senadores enviaron un requerimiento al Ejecutivo instándole a presentar el proyecto presupuestario, paso previo a la interposición del conflicto.
"Ante la falta de contestación por parte de la Presidencia del Gobierno, la Cámara Alta ha presentado formalmente ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre las dos instituciones", explica la nota del Senado.
Obligar al Gobierno a presentar los presupuestos
El PP pretende que el Tribunal Constitucional fije un plazo máximo para que el Gobierno presente las cuentas de 2026 y que se anulen las prórrogas presupuestarias acordadas desde 2023. Durante el debate plenario de octubre, los populares calificaron de "anomalía democrática" que el Ejecutivo no hubiera presentado los presupuestos. El requerimiento fue aprobado con 144 votos a favor, 101 en contra y 14 abstenciones.
El conflicto ante el Constitucional se sustenta en la convicción de que la falta de presentación del proyecto y el "uso abusivo" de la prórroga presupuestaria vulneran varios artículos de la Constitución. Según el Senado, el Gobierno incumple la obligación constitucional de elaborar y presentar anualmente los presupuestos, prevista en los artículos 134.1 y 134.3.
Esto limita la capacidad de las Cortes Generales para ejercer su función presupuestaria y restringe la posibilidad del Parlamento de modificar, aprobar o rechazar las cuentas. Además, se señala que se habría vulnerado el artículo 23 de la Constitución al impedir la participación de los senadores en esta función.
Relación con la disolución de las Cortes
El Senado también vincula la falta de presupuestos con la pérdida de confianza parlamentaria que puede llevar a la disolución de las Cortes, citando los precedentes de 1995, cuando Felipe González adelantó elecciones tras perder el apoyo de CiU, y de 2019, cuando Pedro Sánchez hizo lo propio tras el rechazo de su proyecto presupuestario.
Solicitudes al Constitucional
En resumen, el Senado pide al Tribunal Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado su atribución constitucional para participar en la aprobación de los presupuestos, modificarlos y controlar la acción del Ejecutivo, así como por el uso abusivo de las prórrogas.
Además, solicita que las prórrogas sucesivas de las cuentas de 2023 sean declaradas nulas y que se establezca un plazo máximo para la presentación de los presupuestos de 2026.