El exministro socialista José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional por el 'caso Koldo', ha anunciado su intención de acogerse a la jubilación a la vista de que, al haber tenido suspendidos sus derechos parlamentarios, no tiene claro que el Congreso le fuera a abonar los más de 57.000 euros que le hubieran correspondido por sus cerca de 17 años de diputado.
"He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano", ha publicado en la cuenta de la red social 'X' que gestiona su entorno, en la que se queja de que ha sido "desprovisto" de todos sus derechos y deberes y "privado de todo ingreso y protección social".
"Díganme de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa. No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación", se lamenta, considerando que sus adversarios se han salido con la suya: "¡Objetivo conseguido!".
Los diputados que han estado en el Congreso durante más dos años y renuncian a su acta tienen derecho a la llamada indemnización por cese, una suerte de 'prestación por desempleo' que pueden cobrar siempre que no tengan otros ingresos ya sean públicos o privados.
La cuantía de esta indemnización es el equivalente de una mensualidad de la asignación constitucional por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades.
La cantidad se abona mensualmente y su concesión depende de la Mesa del Congreso.
En el caso de José Luis Ábalos, que ha sido diputado ininterrumpidamente desde abril de 2009, siempre por el PSOE hasta que se pasó al Grupo Mixto en febrero de 2024 tras la detención de su asesor Koldo García Izaguirre, esta indemnización podría haber ascendido a 57.238,49 euros, si se calcula teniendo en cuenta la última actualización de la asignación constitucional que cobran los diputados.
Sin embargo, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en la Cámara existían dudas sobre si Ábalos conservaba o no el derecho a pedir esa indemnización habida cuenta de que el pasado mes de noviembre, tras su ingreso en prisión preventiva, la Mesa del Congreso le suspendió de sus derechos y le dejó sin cobrar su sueldo y sin poder votar.
Al anunciar que se acoge a la jubilación, el exdiputado, de 66 años de edad, ya da a entender que no va a intentar pedir esa indemnización parlamentaria, que además es incompatible con la pensión de jubilado.
El último diputado que cobró la indemnización por cese fue el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien dejó su escaño el pasado mes de junio, dos semanas antes de entrar en prisión preventiva por su supuesta participación en la trama de cobro de mordidas a cambio de la concesión de obra pública por la que también se investiga a Ábalos.