Los vecinos de Arturo Soria se vuelven a movilizar contra los okupas de Villa Menchu

  • Ha sufrido seis intentos de okupación en una semana, las mismas que ha actuado la Policía para frenarlos
  • Vuelven a concentrarse para pedir al Ayuntamiento que proteja el inmueble
Foto: Madrid Directo |Vídeo: Telemadrid

El palacio de Villa Menchu, en Arturo Soria, está en el punto de mira de los okupas. Ha sufrido seis intentos de okupación en una semana, las mismas que ha actuado la Policía para frenarlos.

Se encuentra en manos de un banco, ni se vende, ni se protege. Los vecinos llevan semanas haciendo de vigilantes y vuelven a concentrarse para pedir al Ayuntamiento que proteja el inmueble, uno de los últimos palacios del distrito de Ciudad Lineal.

La Policía frustró el último intento de okupación que tuvo lugar el 28 de mayo

“Hay que reforzar la vigilancia y la seguridad”, afirma Cristina, una de las vecinas. “Este edificio puede convertirse en un museo”, añade.

Cuentan que no saben cuándo los okupas están dentro o fuera. Hacen un llamamiento y piden que se les escuche.

El palacete de Villa Menchu, 'okupado' en dos ocasiones este fin de semana
El palacete de Villa Menchu, 'okupado' en dos ocasiones este fin de semana
El palacete de Villa Menchu, 'okupado' en dos ocasiones este fin de semana

El palacete de Villa Menchu, 'okupado' en dos ocasiones este fin de semana

Temen que sea el primer paso para que esta joya de la arquitectura madrileña sea destruida. Piden al consistorio que lo incluyan en el catálogo de bienes protegidos y se pueda convertir en la sede del museo de Ciudad Lineal.

¿Cuál es la situación de la okupación en Madrid?

La Comunidad de Madrid encabeza la lista con mayor índice de okupación de España con cerca de 5.000 viviendas okupadas. Usera, Puente de Vallecas y Carabanchel son los distritos más afectados. Los barrios de Chamberí, Salamanca y Retiro los que menos.

¿Qué dice la ley?

El Congreso aprobó en 2018 una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que acelera el proceso para agilizar el fin de una ocupación ilegal de la vivienda. Además de a particulares, afecta a entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social.

Si los ocupantes no pueden justificar que están legalmente en la vivienda o no contestan en un plazo de cinco días, el tribunal ordenará su salida en 20 días.

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