El juicio contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha llegado este jueves a su recta final con las conclusiones de todas las partes. Dos semanas de declaraciones, contradicciones y episodios que han dejado al máximo responsable del Ministerio Fiscal en una situación extremadamente comprometida.
Durante la mañana, las acusaciones han sido tajantes: no creen al fiscal general y lo consideran culpable del delito de revelación de secretos. Señalan como prueba clave la eliminación del contenido de su teléfono móvil y de los correos electrónicos, un gesto que para ellos revela una clara intención de borrar evidencias.
La acusación particular del Colegio de la Abogacía de Madrid ha puesto el foco en la nota informativa difundida tras la filtración del caso, de la que afirma que contenía una “carga venenosa” destinada a incriminar al empresario investigado. Por su parte, la defensa de González Amador sostiene que esa filtración fue el origen de un “relato institucional de culpabilidad” que permitió al Gobierno presentarlo ante la opinión pública como un delincuente confeso.
Las acusaciones populares tampoco han dado validez a la versión ofrecida por García Ortiz durante su declaración, cuestionando su coherencia y señalando varias contradicciones.
A todo esto se suma un factor político decisivo: Pedro Sánchez volvió a defender públicamente la inocencia del Fiscal General en una entrevista con El País, anteponiéndose incluso al desenlace del juicio. Un mensaje que, junto con el tratamiento mediático —fragmentado, desigual y en ocasiones confuso— ha alimentado la impresión de que desde el Gobierno se está cerrando filas en torno a García Ortiz.
En este contexto, en El Análisis Diario de la Noche planteamos una pregunta que ya circula en los ámbitos judiciales y políticos: ¿Se está allanando el camino para conceder un indulto al Fiscal General si finalmente es condenado?
Una cuestión que abre un debate de enorme calado: no solo sobre el futuro penal del propio García Ortiz, sino sobre la credibilidad institucional del Ministerio Fiscal y la separación de poderes en España