Las víctimas de la inquiokupación están pendientes de la decisión del Gobierno sobre la moratoria antidesahucios aprobada con la pandemia. Si a final de año decide levantarla, podrían reactivarse hasta 60.000 lanzamientos, pero para muchos, esa medida llegaría tarde.
Es el caso de Elisabeth, que está a punto de perder su vivienda porque su inquiokupa lleva dos años sin pagar la mensualidad del alquiler. La pesadilla de Elisabeth empezó hace dos años. Alquiló su casa para poder pagar una hipoteca que acababa de subir. Se mudó a otro piso confiando en que con el alquiler podría cubrir los gasto pero la inquilina dejó de pagar. “Lleva dos años sin pagarme nada y yo sigo pagando todo…”, lamenta.
Desde entonces, ni un solo ingreso. Y sin ese dinero, Elisabeth no ha podido hacer frente al banco. La deuda crece y ya le han advertido de que podría perder su vivienda. “Debo al banco, a la comunidad, a todo el mundo… esto me está comiendo la vida", dice con rabia.
Asegura que la inmobiliaria la engañó desde el principio. Dice que sabían que la inquilina no pagaría y, aun así, firmaron el contrato. Y ahora, esa misma agencia defiende a la okupa frente a la propietaria que contrató sus servicios.
La única salida que le ofrecen es vender el piso por debajo incluso de lo que debe al banco. “Todo sale de mis costillas, no puedo más, no sé qué hacer…”, confiesa. Su inquilina vive allí con dos hijos y su madre, una familia reconocida como vulnerable. Eso impide cualquier desahucio. Mientras tanto, Elisabeth paga otro alquiler para vivir con su propio hijo. “Solo quiero que se vaya, para poder vender y no quedarme sin nada…”, ruega.
Se siente desamparada, asegura que la ley no protege a los propietarios y teme que esta situación termine arrastrándola también a ella. El banco amenaza con embargarle el piso y tiene hasta el 20 de noviembre para evitarlo.