Madrid no acepta el "obligado cumplimiento" de perimetrar por San José y Semana Santa

  • El consejero de Sanidad madrileño sostiene que la autoridad competente según el estado de alarma es la presidenta Diaz Ayuso y rechaza la decisión del Consejo Interterritorial de Salud
  • Darias 
Foto: REDACCIÓN |Vídeo: Telemadrid

Todas las comunidades autónomas menos Madrid han acordado el cierre perimetral para el puente de San José y Semana Santa, una medida adoptada para intentar evitar una cuarta ola y de la que quedan exentas por su condición de archipiélagos las Islas Canarias y Baleares.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha pactado un acuerdo "de mínimos" para contener los contagios tras esas fechas, con una batería de actuaciones coordinadas que serán publicadas mañana en el BOE, lo que las hace de obligado cumplimiento para todas.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha logrado alcanzar una amplia mayoría a su propuesta, que contempla el cierre perimetral de todas las comunidades menos los archipiélagos entre el 17 y el 21 de marzo en las autonomías en las que el día 19 es festivo y del 26 de este mes hasta el 9 de abril en todo el territorio.

También establece un toque de queda nocturno que ninguna podrá retrasar más allá de las 23 horas y hasta las 6 y limitaciones a las reuniones sociales de un máximo de 6 personas en espacios públicos abiertos, 4 en cerrados y de solo convivientes si son en el ámbito privado.

Cataluña se ha abstenido, y solo la Comunidad de Madrid ha votado en contra; de hecho, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que la región no va a cerrar perimetralmente ninguna de las dos fechas.

Pero Darias se ha mostrado categórica: las medidas pactadas son de obligado cumplimiento, "tanto de iure como de facto". "De iure, porque se publicará en el BOE, y de facto, porque el resto de comunidades tendrán cierre perimetral", ha zanjado.

El acuerdo establece además como recomendaciones la no celebración de eventos que supongan concentraciones de personas, que las comunidades no bajen de nivel de alerta -aunque sus indicadores sean positivos- en las dos semanas previas a la Semana Santa, y la coordinación con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

La entrada a Baleares y Canarias solo estará permitida en los casos regulados en el real decreto de estado de alarma, como motivos laborales, visitas al médico o exámenes, entre otros. Si se han mencionado expresamente en el documento es para "que no hubiera duda de que no es posible el turismo nacional". "Que haya movilidad por su condición de archipiélagos, pero que en ningún caso pudiera haber movilidad por razón de turismo nacional", ha incidido.

La ministra de Sanidad ha reiterado que sigue la tendencia lenta pero descendente de la pandemia, que ya está "próxima a la estabilización": este miércoles registra una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días de 139,5 casos, cinco décimas superior a la de ayer.

Sigue preocupando además la variante británica, que ya ocupa el 40 % del nicho ecológico, aunque con enorme disparidad según el territorio. Este miércoles, España ha rozado los 5 millones (4.989.505) de dosis inyectadas de las tres vacunas disponibles, de forma que 1.447.838 personas (el 3 % de la población) están inmunizadas con la pauta completa y otras 2.093.829 han recibido ya su primer suero y están a la espera del segundo.

El consejero madrileño ha reiterado en el Consejo Interterritorial la "necesidad urgente de elevar la edad de administración de la vacuna de AstraZeneca lo antes posible" no solo para los mayores de 55 años sino incluso para mayores de 65. "En un contexto de escasez de vacunas como el actual no podemos esperar ni un solo día más", ha advertido.

A la espera de la llegada de nuevas vacunas, la Comisión de Salud Pública estudiará este jueves por la tarde si se amplía a personas de entre 55 y los 65 años la de AstraZeneca, como han hecho la mayoría de países europeos, tras escuchar la opinión de los expertos de la ponencia de vacunas que se reunirá horas antes. Varias comunidades así lo han pedido. Cataluña ha exigido al Ministerio que replantee su estrategia de vacunación y su postura sobre la vacuna de AstraZeneca para permitir su uso en mayores de 55 años y ha avisado: "O actúan o actuaremos nosotros".

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