La Justicia ha declarado improcedente el despido de un trabajador del Ayuntamiento de Barcelona que fue cesado tras suspender el examen de catalán exigido por la administración.
Se trata de un cocinero del consistorio que llevaba 17 años trabajando en el servicio municipal.
El empleado fue despedido al no poder acreditar el nivel lingüístico requerido para su puesto, pese a su larga trayectoria profesional.
El fallo judicial considera que la medida adoptada por el Ayuntamiento no fue proporcional, teniendo en cuenta la naturaleza de sus funciones y su antigüedad en el cargo.
La sentencia pone el foco en el equilibrio entre los requisitos lingüísticos establecidos por la administración y los derechos laborales de los trabajadores, especialmente en casos en los que el desempeño profesional no se ha visto cuestionado durante años.
El caso reabre el debate sobre la aplicación de los criterios lingüísticos en la función pública y sus consecuencias laborales, en un contexto en el que varias resoluciones judiciales han cuestionado despidos vinculados exclusivamente a la acreditación de niveles de idioma.