La Guardia Civil se ha sumado a las instituciones que advirtieron al Gobierno sobre el mal funcionamiento de las pulseras de control a maltratadores, en contra de lo que sostiene el Ejecutivo.
En una reunión celebrada en Granada el pasado febrero, con representantes de los ministerios de Igualdad y Justicia, agentes del cuerpo señalaron que varias víctimas estaban quedando desprotegidas y que algunas habían llegado a devolver los dispositivos en sede judicial.
El asunto ha generado incomodidad en los socios de coalición y ha abierto una ofensiva política en el Congreso.
El Partido Popular ha solicitado la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mientras que Vox reclama su cese inmediato.
Desde Podemos insisten en que las pulseras funcionan correctamente, y la propia ministra rechaza dimitir, asegurando que se han dado todas las explicaciones necesarias.