El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorga al Ministerio Fiscal la dirección de las investigaciones penales, hasta ahora competencia exclusiva de los jueces de instrucción. Según el anteproyecto, el fiscal tendrá bajo su mando unidades como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
Por su parte, la portavoz del sindicato policial Jupol, Laura García, ha expresado preocupación por el alcance del proyecto. “Creemos que no es casualidad sino causalidad”, señaló, acusando al Ejecutivo de intentar “colonizar todas las instituciones” y calificando la reforma como “un ataque directo a la independencia judicial”.
La iniciativa también contempla el fin del mandato coincidente entre el fiscal general del Estado y la legislatura –ampliándolo a cinco años–, y limita la figura de la acusación popular, excluyendo a partidos, sindicatos y otras entidades políticas de su ejercicio, que quedará restringido a asociaciones acreditadas en un catálogo de delitos.