Jueces y fiscales se concentran ante el Supremo contra la 'ley Bolaños'
- Esta medida antecede a la huelga que an anunciado para el 1, 2 y 3 de julio
Concentración este mediodía frente al Tribunal Supremo reclamando una justicia independiente. Decenas de jueces y fiscales protestan contra las reformas del Gobierno en materia de Justicia. La conocida como 'ley Bolaños' modificaría el acceso a ambas carreras y para adaptar la Fiscalía al futuro cambio que dejará en manos de los fiscales las investigaciones penales. Se han sumado la inmensa mayoría de las asociaciones judiciales, excepto las progresistas. Además, han anunciado huelga para los días 1, 2 y 3 de julio.
Durante la concentración se dio lectura a un comunicado que fue leído por los portavoces de las cinco asociaciones de jueces y fiscales convocantes. El manifiesto asegura que la protesta "no es contra el poder ejecutivo" y tampoco "contra el Poder Legislativo: es un acto a favor del Poder Judicial. Estamos aquí para defender lo de todos".
Los convocantes recordaron que la Constitución de 1978 implantó en España el Estado de derecho basado en el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de "toda injerencia política", que es "clave para hablar de una democracia real".
"Riesgo de selección ideológica"
Entienden los convocantes que los proyectos de reforma del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal "no responden a demanda social alguna" y se tramitan por el procedimiento de urgencia "sin ninguna razón para ello".
A su entender, estos proyectos rebajarán la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, introduciendo pruebas "más subjetivas y susceptibles de filtración".
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Critican también el intento de crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, "con el consiguiente riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales del país".
Además, se convertirá a 1.000 jueces y fiscales sustitutos en jueces y fiscales cuando acumulen cinco años de experiencia, violentando "los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, perjudicando a las promociones más jóvenes y a los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal".
Afirman, además, que "no se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una manifestación cívica destinada a visibilizar el papel esencial del Poder Judicial en la garantía de los derechos fundamentales y la independencia judicial".
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Los convocantes, que tras la concentración leerán un manifiesto conjunto, aclaran que "está abierta a todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía comprometida con la Justicia", aunque subrayan que "se desarrollará en un marco estrictamente institucional, al margen de cualquier adscripción partidista".
TEMORES "INFUNDADOS"
Cuando las asociaciones anunciaron su convocatoria de paro, el pasado 23 de mayo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró en declaraciones a la prensa a la salida del Senado que los "temores" de las asociaciones eran "infundados".
Bolaños ha defendido públicamente que las reformas anunciadas son "imprescindibles" para modernizar la Justicia española, al tiempo que ha calificado de normales las reticencias de un sector que --dice-- siempre se ha resistido al cambio.
Las asociaciones aseguraron que pararían las protestas, huelga incluida, si el Gobierno accedía a retirar dichas reformas, pero el Ejecutivo lo ha descartado.
En este contexto, se reunieron tanto con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, como con el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, unos encuentros que los convocantes tacharon de cordiales pero poco productivos.
