La Fiscalía recurrirá investigar la muerte de María José Carrasco como violencia de género

La Fiscalía recurrirá la decisión del juez de Madrid de investigar la muerte de María José Carrasco con ayuda de su marido Ángel Hernández como violencia de género, al entender que las circunstancias del caso "excluyen" la violencia machista.

Pilar Martín Nájera, fiscal de sala de Violencia Machista asegura que “no compartimos ni la decisión ni los argumentos”, considerando la decisión del juez como una “valoración sesgada”, en relación a la causa del suicidio asistido a María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple que la pasada semana se quitó la vida con el auxilio de su marido.

Había manifestado su voluntad de morir

Por su parte, el juez, se remite a la Ley de Violencia de Género, que determina que cualquier delito tipificado dentro de los relacionados con el homicidio que se hayan cometido contra quien o haya sido la esposa del autor o haya tenido una relación de afectividad análoga deben ser investigados por juzgados específicos.

Sin embargo, la fiscalía asegura que el juez no es especializado en los delitos tipificados como violencia de género, ya que estos se deben cometer, ha recordado la fiscal, en un contexto de "dominación, humillación y discriminación".

Unas circunstancias que "desde el primer momento" no se reproducen en la muerte de María José Carrasco que, según ha recordado la fiscal, reiteradamente y públicamente había manifestado su voluntad de morir.

Penas de entre dos y diez años de prisión

El delito que se le imputa sigue siendo el de auxilio o cooperación al suicidio, tipificado en el artículo 143 del Código Penal y que contempla penas que van desde los dos hasta los diez años de prisión.

Ese artículo prevé una rebaja sustancial en las condenas de aquellos que actúen por "petición expresa, seria e inequívoca" de la víctima, si ésta sufriera "una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar", es decir, el caso de María José Carrasco y Ángel Hernández.

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