El problema de la vivienda sigue siendo actualidad. Los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, son quienes reclaman al ministerio de Hacienda que les permita usar parte del remanente de tesorería, que ronda los 22.000 millones de euros, para poder construir vivienda pública.
Desde, el ministerio de Hacienda recuerdan que la Ley Presupuestaria de 2013, aprobada por el gobierno de Rajoy, establece que el superávit de los ayuntamientos debe destinarse al pago de deuda y, añade, que los grupos pueden proponer su reforma si así lo consideran.
Otros años se han aprobado se han decretos para que los consistorios pudieran destinar el remanente de tesorería a "inversiones financieras sostenibles", algo que todavía no ha ha ocurrido en 2025.
Según el Banco de España, en nuestro país faltan alrededor de 700.000 casas para hacer frente a la demanda actual.