Unidas Podemos y otros socios del Gobierno presentan su propuesta de ley para regular alquileres

Unidas Podemos y otro socios habituales del Gobierno, como ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias, han presentado su propuesta de ley del derecho a la Vivienda, con control de los precios del alquiler y expropiaciones forzosas. Una proposición que han presentado acompañados de colectivos vecinales y antidesahucios ante la puerta del Congreso de los Diputados.

Una nueva propuesta de Ley que regula el precio de los alquileres y que ha sido impulsada por las centrales CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre otras organizaciones.

La propuesta de los movimientos sociales, denominada 'Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada', contempla modificaciones legales en la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero también en la regulación hipotecaria, judicial, y establece un objetivo para que los municipios con más demanda residencial dispongan en un plazo de veinte años de un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas.

La ley establece la prohibición expresa de los desahucios sin alternativa habitacional en situación de vulnerabilidad y también trata de garantizar los suministros básicos, aplicando el principio de precaución en caso de impago, y con una tarifa social de agua, gas y electricidad, a financiar por empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras.

También regula la dación en pago, modifica la Ley Concursal para mejorar el derecho a una segunda oportunidad, limita la responsabilidad al bien hipotecado, e impide el embargo de la única vivienda de las terceras personas que avalen un préstamo.

Intervenir las rentas en zonas tensionadas

Respecto al alquiler, la reforma planteada por los sindicatos y los colectivos de vivienda habilita a declarar zonas tensionadas a partir de una serie de circunstancias, como que la renta media supere el 30% de los ingresos medios o que en cinco años se acumule un crecimiento de los precios de al menos tres puntos por encima de la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.

Esta declaración de zona tensionada podrá ser de hasta cinco años, se podrá prorrogar año a año, y habilitará a los ayuntamientos a aplicar las medidas que consideren para determinar, a partir del índice de precios, rentas máximas en los alquileres.

También se regula en la ley la información que deben recoger los contratos de alquiler, y los gastos que deben asumir las partes. También habilita políticas de control del alquiler turístico y crea un registro de contratos para poder ser utilizado por organismos públicos para la consecución efectiva de los fines de la ley y con fines estadísticos

Otra medida, esta dirigida a aumentar la oferta de vivienda, pasa por habilitar a los ayuntamientos a aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en viviendas vacías de los grandes tenedores. Asimismo, se anula el régimen fiscal especial de las socimis, que pasarían a tributar en el régimen general.

El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha afirmado este jueves en el Congreso que no existe un calendario para sacar adelante la anunciada Ley de Vivienda, sobre la que aún "hay aspectos por depurar y adaptar" y ha señalado que, en cualquier caso, esta norma no va condicionar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Esta nueva ley, que los socios de Gobierno acordaron hace un año aprobar y llevar al Congreso en la anterior negociación presupuestaria, sigue sin ver a la luz por la resistencia del PSOE de regular los precios del alquiler, una regulación acordada en el programa de Gobierno y el pacto de Presupuestos.

"No vamos a estar condicionando los Presupuestos a aspectos que puedan dilatar en el tiempo su aprobación", ha abundado, señalando que la tramitación de las nuevas cuentas son una "prioridad absoluta", aunque eso "no quita" que en su formación estén "preocupados por la Ley de Vivienda" y quieran sacarla adelante "lo antes posible".