Visto lo visto este fin de semana, tas el fin del estado de alarma, crecen las voces críticas que piden volver a endurecer las medidas para evitar el descontrol de los botellones.
Fin de un estado de alarma que obliga a las comunidades a poner en marcha sus propias restricciones, algunas ya avaladas por los tribunales territoriales, aunque otras como Canarias no tienen el sí de la Justicia al cierre perimetral o al toque de queda. Por ello, han pedido una aclaración de la sentencia y el siguiente paso será acudir al Tribunal Supremo.
El Gobierno insiste
Pendientes que qué hará el Supremo, el Gobierno, aun manteniendo que hay herramientas suficientes, recuerda que las comunidades pueden pedir estados de alama para sus territorios. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha opinado que "en este momento no toca" un estado de alarma, si bien ha precisado que, "si el lehendakari o cualquier presidente autonómico lo plantease" para su comunidad, "el Gobierno lo estudiaría y lo apoyaría".
Iceta dice que "tienen instrumentos y pueden pedir la autorización de los tribunales de Justicia para proceder medidas de mayor restricción" y, si no admiten esas limitaciones, acudir al recurso de casación "rápido" ante el Tribunal Supremo.
Campo acepta estudiar cambios legales
Pero el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, abre el campo a que el Ejecutivo realice modificaciones legales adicionales y se propongan al Congreso. Ha expresado que el Gobierno estudiará cambios legales si se estiman necesarios después de que el Supremo resuelva los recursos de las autonomías que han visto cómo los tribunales superiores de justicia han anulado las restricciones diseñadas tras el estado de alarma.
Ante la sorpresa del PNV, que dice estar atónito ante el cambio de opinión de Moncloa y vuelve a a solicitar la aplicación del estado de alarma en todo el Estado.
Críticas a Sánchez
Por su parte, el PP insiste en que se puede aprobar un plan B jurídico en quince días. El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido "desesperadamente" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se siente a negociar para aprobar una ley de pandemias cuanto antes y ha avisado de que su "absoluta irresponsabilidad cuesta vidas". A su entender, España "no merece este caos".
Casado ha afirmado que le "produce mucha pena ver las escenas de aglomeraciones en las calles" tras el fin del estado de alarma el 9 de mayo y ha recalcado que el "único responsable es Pedro Sánchez porque no ha querido aprobar una ley de pandemias" como, según ha dicho, su formación le lleva planteando desde hace un año. El Grupo Popular registró de nuevo hace un mes una proposición de ley en el Congreso para impulsar ese marco jurídico alternativo al estado de alarma.
Las comunidades hacen lo que pueden
"Lo digo con pena y con la hemeroteca de nuestro lado porque llevamos desde abril del 2020 diciendo que hay que tener un plan alternativo al estado de alarma y que no se puede gobernar en la excepcionalidad constitucionalidad eternamente, que ningún país lo ha hecho", ha insistido.
En este sentido, ha señalado que si no hay "un plan B" para afrontar la pandemia y han pasado "al plan C, del caos" en el que ha "sumido Sánchez" al país, "único responsable es el Gobierno de España" porque las comunidades autónomas "han hecho lo que han podido" y los tribunales superiores de Justicia han hecho "más de lo que debían hacer". "Y el Tribunal Supremo me imagino que hará más de lo que a él le compete", ha enfatizado
Mientras, Vox anuncia que recurrirá en los tribunales cualquier decisión autonómica que imponga restricciones o toques de queda.
Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, mantiene contactos con el fiscal de sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Supremo (TS), Pedro Crespo, y con los fiscales del alto tribunal para tratar de fijar una posición única en los casos en que el rechazo por parte de los tribunales superiores de justicia de las medidas restrictivas por la Covid-19 llegue al Supremo.
