La Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos ha solicitado al Gobierno central y a la Generalitat de Cataluña ayudas económicas ante las restricciones aplicadas por el brote de peste porcina, que están generando dificultades en su actividad.
En el Congreso, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido la actuación del Ejecutivo, calificando de "modélica" la gestión de esta crisis sanitaria. Además, se ha designado a seis científicos para formar un comité asesor que seguirá la evolución del brote.
Mientras tanto, los equipos desplegados en la zona cero continúan rastreando el terreno. Un juzgado de Barcelona investiga un posible delito contra el medio ambiente ante la sospecha de que el origen del brote pudiera deberse a una fuga en un laboratorio.
La organización agraria UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) ha expresado su preocupación por el impacto que enfermedades como la peste porcina pueden tener en un sector que exporta más de 2,7 millones de euros, principalmente a Europa y China.
Desde la organización confían en que los efectos se limiten a las 39 granjas afectadas en la provincia de Barcelona, aunque advierten de caídas en los precios en origen del cerdo. Aun así, esperan que la crisis no afecte al consumo.