La Comunidad de Madrid ha comunicado formalmente su decisión de salir del consorcio de Casa Árabe tras analizar la gestión desarrollada en los últimos años y detectar dinámicas que, a su juicio, no se ajustan a los estándares de transparencia y buen gobierno que deben prevalecer en las instituciones públicas.
El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha trasladado esta decisión al director general de Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar, mediante una carta enviada en nombre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Casa Árabe es una entidad pública de carácter interadministrativo adscrita a la Administración General del Estado. Su consorcio está integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la AECID, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Córdoba.
Según expone el Ejecutivo madrileño en la misiva, la decisión responde a una "reflexión profunda y responsable" motivada por una serie de prácticas observadas con preocupación por la Consejería de Cultura, consideradas incompatibles con los principios que deben regir toda entidad pública.
El Gobierno regional subraya que estas dudas han quedado respaldadas por el reciente informe del Tribunal de Cuentas, que analiza los ejercicios 2023 y 2024 y alerta de importantes deficiencias en la gestión del consorcio.
Entre sus conclusiones, el órgano fiscalizador señala que Casa Árabe carece de un sistema completo y estructurado de control interno, lo que afecta de forma generalizada a la gestión económico-financiera, la contratación, la organización del personal y la seguridad de la información.
El informe también destaca la existencia de resultados negativos recurrentes cercanos al millón de euros anual, con gastos de gestión ordinaria que alcanzaron los 3,2 millones de euros en 2023 y los 3,3 millones en 2024, compensados mediante el uso del remanente de tesorería.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas advierte de la falta de seguimiento de las actividades, la ausencia de indicadores de gestión, irregularidades en la cobertura de puestos de personal y el incumplimiento de las obligaciones legales en materia de contratación menor.
Ante este escenario, y "en defensa de la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones", el Gobierno madrileño ha optado por tomar distancia del funcionamiento de la entidad, al considerar que no responde plenamente a las exigencias de la sociedad actual.
En la carta, el consejero expresa su deseo de que Casa Árabe pueda recuperar en el futuro los valores y el prestigio que motivaron la participación inicial de la Comunidad de Madrid en el consorcio.
Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que la Comunidad "no puede seguir trabajando en estas circunstancias" y ha reclamado al Ejecutivo central que este tipo de irregularidades no se repitan ni en Casa Árabe ni en otros organismos dependientes de la Administración General del Estado.