El gobierno navarro presidido por María Chivite lleva años subvencionando a través del Instituto Navarro del Euskera a entidades con directivos vinculados al entorno de ETA, según ‘The Objective’.
Miren Azkarate, condenada a cinco años de cárcel por colaboración con la banda, es vicepresidenta de una asociación que ha recibido 138.000 euros.
Igual ocurre con el exabogado de ETA, Ibon Altuna, y Amaia Mundiñano, acusada de alojar a comandos de ETA, y que es consultora de una empresa que ha recibido 850.000 euros en los últimos cinco años para fomentar el euskera.