El Gobierno central "no comparte" la sentencia del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aunque afirma que "la respeta".
Mientras tanto, los partidos de la oposición ven en esta condena una necesidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asuma también su responsabilidad en este asunto que afectaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Todo un terremoto político que no cesa tras conocerse el fallo.
“Esto podría haberse ahorrado si el fiscal general del estado hubiera decidido dimitir porque entonces el ruido que está generando esta sentencia de condena no sería tanto y se hubiese en parte apagado con aquella dimisión en su día y, sobre todo, no estaríamos hablando de que se ha condenado al fiscal general del Estado, un hecho inédito no solo en la democracia española sino en los países de nuestro entorno europeo”, ha manifestado Fernando Portillo, magistrado del Foro Judicial Independiente.
“Se quejan de que la sentencia no dice lo que ellos querrían que dijese y el modo fácil de atacarla sin ni siquiera haberla leído, es decir que es una sentencia política y eso es culpa de la politización de algunas asociaciones judiciales”, ha añadido.