La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno siempre cumple la ley y no interfiere en la labor de otras instituciones, como la Justicia, al tiempo que ha negado haber filtrado los nombres de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Santamaría ha señalado que todas las personas que tienen acceso a información sujeta al principio de confidencialidad deberían respetar este principio y cumplir los procedimientos, aunque es una tarea que no siempre se puede controlar. "Asistimos a filtraciones de este tipo con bastante asiduidad", ha lamentado.
Aún así, ha garantizado que el Gobierno siempre cumple la ley y no interfiere en los procesos judiciales ni en los de otras instituciones, tanto que a pesar de las peticiones que se hacen, a veces "incongruentes", la Agencia Tributaria sigue investigando, pero no da los datos de los contribuyentes.
Preguntada por si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaba al corriente del registro que se iba a hacer en la casa y el despacho del exvicepresidente económico Rodrigo Rato, Santamaría se ha limitado a decir que el Ejecutivo ni autoriza ni desautoriza las acciones de la Agencia Tributaria, la Fiscalía o los tribunales. "Hasta ahí podíamos llegar", ha dicho.
Por otro lado, Santamaría ha recordado que la Declaración Tributaria Especial (DTE) aprobada en 2012 por el Gobierno afectaba sólo a cantidades no prescritas, obligando a los contribuyentes a pagar un 10% de lo declarado y sin "limpiar" cualquier origen supuestamente ilícito de las rentas.
De esta forma, cualquier persona que se acogiera al proceso tributaría por la cantidad que declarara y, además, sería sometido a una investigación si había obtenido esas rentas a través de actividades ilícitas o delictivas. "Lo llamemos como lo llamemos ni se perdonaba delitos ni se condonaba absolutamente la deuda tributaria pendiente", ha dicho, tras asegurar que la DTE se aprobó teniendo en cuenta las recomendaciones de la OCDE.
DIFERENTE A OTROS PROCESOS PASADOS
La portavoz ha recordado que otros procesos puestos en marcha en España en el pasado, "porque éste no ha sido el primero", permitían regularizar el dinero sin pagar nada y con independencia de cual fuera su origen. En concreto, se ha referido a la amnistía aprobada en los años 90, que dejaban destinar el dinero oculto a la compra de deuda pública, de forma que no sólo no tributaba por el mismo, sino que además se recibían intereses por tener esa deuda.
"Esa es la diferencia entre un caso y otro", ha dicho Santamaría, tras asegurar también que en estos procesos la transparencia brillaba por su ausencia, mientras que en la DTE del Gobierno se ha permitido a la Agencia Tributaria hacer las comprobaciones oportunas. "Las diferencias son las que son", ha dicho.
El Gobierno decidió adoptar una medida así en un momento en el que se había perdido mucha recaudación y esa necesario ensanchar las bases. De hecho, Santamaría ha recordado que el debate se abrió ya la legislatura anterior al haber un problema "descomunal" de recaudación, de ingresos públicos y de mantenimiento de los servicios públicos.
DECLARACION DE BIENES EN EL EXTRANJERO
Por otro lado, la vicepresidenta se ha referido a la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero, una norma que puso en marcha el Gobierno y que ha resultado ser de gran importancia porque ha aflorados bases imponibles por valor de más de 100.000 millones de euros.
Esta medida, según ha explicado, ha permitido a Hacienda disponer de información tributaria que hasta ahora estaba oculta, aumentar las bases fiscales y comprobar el origen de esas bases, lo que puede acabar dando lugar a inspecciones fiscales como nunca antes se habían producido.
HAY QUE CUMPLIR LA LEY
Según Santamaría, una cosa es que el Gobierno haya dado a conocer parte de esta información en el Congreso para cumplir con su deber de ser transparente, y otra cosa distinta es "saltarse las leyes" que obligan al Ejecutivo a cumplir con el principio de confidencialidad y respeto a los datos de los contribuyentes.
Aunque el Gobierno sí ha cambiado la ley para dar publicidad a alguna información --morosos y sentencias sobre delitos fiscales--, "indudablemente" debe cumplirla para respetar la confidencialidad de los ciudadanos, al tiempo que cumple la obligación legal de investigar "con absoluta neutralidad e independencia".
