El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado dedicar 153 millones de euros de los 560 sobrantes del presupuesto del año pasado a invertir en 333 proyectos, entre ellos la compra de 200 autobuses no contaminantes, la reparación de aceras o la rehabilitación de colegios, bibliotecas o parques.
Ahora Madrid y el PSOE han votado a favor de todas las modificaciones de crédito necesarias para impulsar estos proyectos en el pleno extraordinario convocado hoy de urgencia para dar luz a la primera tanda de 'inversiones financieramente sostenibles', algunas de las cuales han contado con el apoyo de Ciudadanos y el PP, grupos que junto al PSOE han criticado que han tenido dos días para estudiar "1.300 folios".
Los proyectos a los que se ha dado luz verde difieren de los pactados entre Ahora Madrid -en el Gobierno- y el PSOE -su socio de investidura- en diciembre, ya que ambos grupos presentaron entonces un plan para dedicar 266 millones de euros en el momento en que se determinase el remanente de tesorería de las cuentas de 2015, cuyo importe ascendió a 560 millones.
El Pleno ha aprobado dedicar 7,1 millones a cultura, 26 millones al área de Medio Ambiente, 26 millones al acondicionamiento de vías públicas y mantenimiento urbano, 65 millones al transporte público, 4,5 millones a la protección y promoción social, 4,3 a educación, 3,8 a urbanismo, y a otras infraestructuras 4,4 millones.
Los concejales del PP y el de Ciudadanos, José Luis Moreno y Miguel Ángel Redondo, respectivamente, han acusado al equipo de Gobierno de "despilfarrar" y de pretender gastar todo el remantente, para lo que incluso -según ha criticado Redondo- ha invitado al PP a hacer propuestas sobre en qué invertir el resto del remantente para tandas siguientes.
"Pueden bajar los impuestos, no es necesario que gasten todo de golpe", ha sugerido el popular José Luis Moreno, además de reivindicar que el remanente de tesorería es fruto de la contención presupuestaria del PP, mientras que Redondo ha lamentado la "barra libre" en el gasto que "terminan pagando todos los madrileños".
"Doscientos mil euros tienen pensado gastarse para arreglar un jardín chiquitito de plaza de la Villa", ha cuestionado el edil de Ciudadanos, una crítica en la que ha profundizado el popular al advertir de que ese dinero se iba a utilizar en reparar el riego por goteo de una fuente.
"Para ahorrar 457 euros por año se gastan 200.000 euros; para amortizar este goteo que produce charcos de vez en cuando tendrían que pasar 437 años", se ha quejado el concejal popular, ante lo que el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha defendido políticas de respeto al medio ambiente que van "más allá" del dinero.
El concejal popular también ha propuesto la adquisición de más autobuses no contaminantes para la Empresa Municipal de Transportes (EMT) - "¿Por qué solo 200? Le pido que nos proponga comprar otros 400 autobuses"-, una sugerencia a la que Sánchez Mato ha respondido cuestionando las inversiones del PP en esa empresa pública en los últimos años.
"Había que comprarlos todos en este año, cuando llevábamos años de sequía inversora en la EMT, que lo único que querían ustedes era empaquetarla y venderla al mejor postor", ha reprochado el delegado.
Otras inversiones cuestionadas por el PP son la mejora de la eficiencia energética en bibliotecas públicas construidas hace cinco años y en la junta de distrito de San Blas, inversiones que el Gobierno ha justificado porque se deben acometer para "cumplir con el reglamento".
"Existe una obligación de hacer eso, venimos a tapar un agujero que debería haberse tapado antes, cuando había otras prioridades, de muy dudosa legitimidad y hasta legalidad", ha dicho el concejal Sánchez Mato, quien ha señalado que la inversión facilitará la creación de empleo a las empresas.
Por su parte, el socialista Julio Ramsés ha defendido las inversiones pese a advertir de que se grupo tampoco quiere "gastar por gastar", y ha puesto el acento en que se destinarán 6 millones de euros a un convenio con el Atlético de Madrid relacionado con el plan urbanístico de la Peineta por el que la anterior corporación -del PP- se comprometió a gastar 6 millones de euros en entradas de fútbol.
EL PP Y AHORA MADRID SE ENZARZAN POR SI ESTÁ EN VIGOR LA NORMA DE CESIÓN DE EDIFICIOS
El PP del Ayuntamiento de Madrid ha dicho hoy que las directrices para las cesiones de edificios municipales a asociaciones están "en suspenso" debido a que el equipo de Gobierno no respondió en tiempo a un recurso de la formación, mientras que Ahora Madrid defiende que se respondió "absolutamente en plazo". A la salida del pleno extraordinario para aprobar inversiones financieramente sostenibles, la portavoz del PP, Esperanza Aguirre, ha informado a los periodistas de que el equipo de Gobierno no ha dado respuesta en el plazo reglamentario de un mes a un escrito fechado en el 4 de marzo en el que pedían suspender la norma porque no exigía el requisito de "utilidad pública" a las entidades que quisiesen optar a un edificio público.
"Tenemos el sello el día 4 de marzo de haberlo presentado", ha explicado Aguirre, quien sostiene que, según la normativa, se suspende la aplicación de la normativa porque a 8 de abril "no ha recaído en un mes resolución expresa". "Hoy hemos presentado ante la portavoz, Rita Maestre (...), que nos certifique que las normas de (el delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho) Murgui han quedado suspendidas, que no pueden otorgarse a las asociaciones que ellas quieran, sin tener la declaración de utilidad pública, los locales municipales", ha asegurado Aguirre.
Poco después, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha dicho al ser preguntada por este asunto tras presentar en la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por supuestas irregularidades en Mercamadrid que "es posible" que todavía no les haya llegado respuesta y "por eso esa inquietud". "Se les dio respuesta en Junta de Gobierno ayer y el trámite está cumplido", ha asegurado Marta Higueras, que ha añadido: "Vamos a seguir aplicando el reglamento".
El documento aprobado ayer en la Junta de Gobierno que responde al recurso de reposición del PP indica que el documento se presentó el 4 de marzo pero se apunta que "la entrada en el registro competente para resolver" fue el 7 de marzo. El informe, aprobado ayer y remitido esta mañana al PP, desestima el recurso por entender que "no concurre ninguna causa de nulidad o anulabilidad", y asegura que contra el acuerdo administrativo podrá interponerse un recurso ante los juzgados en el plazo de dos meses.
