Comisiones Obreras considera que las posibles irregularidades en la venta de pisos protegidos de la Empresa municipal de la vivienda a fondos buitres, que investiga la Cámara de Cuentas, evidencian la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas de vivienda en Madrid. Un asunto, que la plataforma de afectados por la hipoteca no descarta llevar a los tribunales. Mientras, los afectados no pierden la esperanza de poder mantener sus viviendas.
Están esperanzados a raiz del informe de la Cámara de Cuentas que alerta de la irregularidad de la venta de 18 promociones de viviendas protegidas. Como los números 95 y 97 de la Avenida de la Peseta, en Carabanchel. Muchos de sus inquilinos han tenido que dejar ya las viviendas sociales que en su día les adjudicó el ayuntamiento de Madrid porque no pueden afrontar la subida del alquiler que les impone el grupo Fidere.
Por un piso de dos dormitorios pagan 530 euros, pero el fondo buitre les quiere obligar a una renta hasta un 40 por ciento superior. Tampoco creen que se les deje ejercer el derecho a la compra.
Llevan años peleando de momento, la justicia no se ha puesto de su parte, pero confían en que se revierta la venta de sus pisos a un fondo buitre. El ayuntamiento cree que será difícil, porque habría que emprender un procedimiento judicial larguísimo, pero se compromete a buscar buscar viviendas alternativas.
