La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ha desarrollado una investigación sobre una organización criminal dedicada a la perpetración de estafas a través de los denominados 'chiringuitos financieros', que ha estafado más de 27 millones de euros.
La operación, denominada Operación Alibi, ha conllevado cuatro registros y ha supuesto la detención de cuatro personas en Barcelona como supuestos autores de un delito de pertenencia a organización criminal y estafa.
Con esta operación, en la que ha colaborado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se ha conseguido poner fin a una práctica defraudatoria que se iniciaba en España con la utilización de sucesivos 'chiringuitos financieros' y que habría provocado un total de 472 víctimas en España con un montante estafado superior a los 27 millones de euros.
El Grupo de Investigación Financiera de la UCO de la Guardia Civil se sumó a esta investigación en el año 2017, a instancias de la Autoridad Judicial, constatando el 'modus operandi' de esta organización delictiva, consistente en la manipulación de acciones cotizadas en sistemas multilaterales de negociación alemanes, franceses y austriacos, conducta prohibida por el reglamento comunitario de abuso de mercado.
La parte de la organización criminal radicada en Alemania sería la encargada de manipular las acciones de algunas empresas que cotizaban en sistemas multilaterales de negociación de Alemania, Francia y Austria en que invertían las víctimas. Por otro lado, la parte española de la organización delictiva, a través de distintos 'call centers' que se sucedían en el tiempo para no ser detectados, sería la encargada de captar a inversores mediante técnicas de telemarketing para, con información falsa y tras continuos contactos telefónicos con promesas de grandes beneficios, conseguir que las víctimas invirtiesen en los valores ofrecidos.
Las víctimas tenían una falsa sensación de seguridad por el hecho de que los valores cotizasen en sistemas multilaterales de negociación autorizados, se contactase con ellos en nombre de empresas de asesoramiento ubicadas en el extranjero creadas ad hoc para aparentar solvencia y que la inversión se realizase a través de sus propias cuentas de valores.
Sin embargo, la organización criminal mantenía artificialmente el valor de las acciones vendidas y, llegado el momento, dejaban “caer” a la empresa y con ello el valor de sus acciones, lo que provocaba la pérdida de la inversión y, por tanto, la consumación de la estafa, ya que este era el momento de sustituir esta empresa por otra nueva en la que invertirían las futuras víctimas.
