Cuatro dirigentes de ETA señalados por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

  • Entre ellos, Iñaki Gracia Arregi y 'Kantauri'
  • La semana que viene se cumplen 25 años de su asesinato
Foto: REDACCIÓN |Vídeo: Telemadrid

La Guardia Civil señala en un informe a cuatro antiguos jefes de la banda terrorista ETA como responsables del secuestro y asesinato del concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco en julio de 1997.

La semana que viene se cumplirán 25 años. El informe se enmarca en la causa que investiga la Audiencia Nacional a raíz de una querella interpuesta por la asociación de víctimas, Dignidad y Justicia.

El colectivo de víctimas intenta abrir así una nueva vía para condenar a los exjefes de la organización terrorista como autores intelectuales.

Seguían instrucciones de la dirección de la banda

La asociación sostiene que los ejecutores materiales, el 'comando Donosti' que mandaba García Gaztelu, actuaron siguiendo las instrucciones de la dirección de la banda, donde nada se movía sin que lo autorizasen sus máximos responsables. Si los dirigentes hubieran decidido no asesinar al concejal, nadie se hubiera atrevido a desobedecerles. Como no lo hicieron, serían culpables por omisión. Los dirigentes serían Mikel Albisu y su pareja Soledad Iparragirre, jefes de los aparatos político y militar respectivamente, detenidos en Francia en 2004. El primero está en libertad desde enero de 2019.

Bildu no condena en Pamplona el asesinato de Miguel Ángel Blanco
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Iparragirre sumó una nueva pena de 70 años de cárcel el pasado mes de marzo. Además, Iñaki Gracia Arregi, en la calle desde 2011 pero imputado en varios asesinatos después, y Javier Arizkuren, 'Kantauri', responsable de los comandos ilegales.

Los implicados serían: Mikel Albisu, Soledad Iparragirre, Iñaki Gracia Arregi y Javier Arizkuren, 'Kantauri'

En su informe la Guardia Civil aporta documentos manuscritos de "Kantauri", en 1997 en los que ordena a los comandos atentados contra concejales del PP.

Fuentes jurídicas admiten que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en varias ocasiones: hay que demostrar un vínculo concreto con el atentado, como cartas o anotaciones en agendas, que les impliquen.

El informe señala además el caso del secuestro durante 532 días de José Antonio Ortega Lara. En la puerta del zulo donde le encontraron había mensajes en clave con la orden de liberarle o asesinarle.

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