El decreto para el reparto de menores migrantes del Gobierno de Sánchez sigue marcando la actualidad política. Por el momento, Canarias, Ceuta y Melilla ya han acreditado estar al triple de su capacidad para acoger a menores no acompañados y han solicitado su traslado a otras regiones.
El Consell de Govern autorizará este viernes a la Abogacía de Baleares a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto que establece el procedimiento del reparto de menores migrantes, aprobado el pasado 22 de julio.
Este se convertirá en el segundo recurso judicial que Baleares interpone contra el mecanismo aprobado por el Gobierno central para trasladar a otros puntos de España a los niños y adolescentes migrantes que permanecen en Canarias.
El primero fue el recurso que, a la par que otras autonomías gobernadas por el PP y de Castilla-La Mancha (PSOE), presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la ley de extranjería que posibilita el reparto. La intención de la ofensiva judicial del Govern es conseguir que el Tribunal Supremo suspenda de forma cautelar la llegada de los 49 menores migrantes que previsiblemente tendrá que acoger Baleares, aunque no el reparto a otras regiones del país.
La consellera de Presidencia, por otro lado, también aseguró que Baleares pediría ser declarada en situación de contingencia migratoria pese a que todavía no triplica su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes, tal y como obligan los reales decreto que pretenden recurrir.
Las comunidades autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria de acogida pueden presentar la solicitud.
Melilla y Ceuta
Melilla y Ceuta ya han solicitado la contingencia migratoria para reubicar a los menores inmigrantes llegados en avalancha y que colapsan sus centros. Se activa por tanto el decreto de traslado de menores aprobado esta semana por el Gobierno con el rechazo frontal de las autonomías receptoras.
De hecho, el Gobierno de Melilla ha presentado formalmente la solicitud para declarar la contingencia migratoria en la ciudad autónoma, con el objetivo de que todo menor migrante no acompañado que acceda a la ciudad autónoma de manera irregular tenga que ser trasladado a la península en un plazo máximo de 15 días.
Galicia
También Galicia asegura que no aceptará "imposiciones, amenazas ni insultos" en la gestión de menores migrantes.
La conselleira de Política Social e Igualdad , Fabiola García, ha lanzado este jueves un contundente mensaje al Gobierno de España durante su visita al Centro Infanto Juvenil Príncipe Felipe, en Pontevedra, en el que ha advertido de que Galicia "no aceptará imposiciones, ni amenazas ni insultos" en relación al traslado de menores migrantes no acompañados a la Península.
Durante su intervención, la conselleira ha criticado la falta de diálogo, planificación y financiación por parte del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, de quien ha lamentado que "prefiera la intimidación al consenso" en una cuestión tan sensible como el cuidado de menores en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, ha alertado de que la red de protección de Galicia "está al máximo de su capacidad" y ha vuelto a acusar al Ejecutivo central de querer "crear guetos" con su gestión unilateral.
Comunidad de Madrid
Críticas a las que se ha sumado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este la "amenaza" del Gobierno de Pedro Sánchez de "imponer por la fuerza" a las comunidades autónomas un reparto de menores migrantes "sin procedimiento ni diálogo".
Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, asegura que no van a permitir "que se haga uso de esos menores como una moneda de cambio con los gobiernos separatistas de este país".
"¿Por qué esos menores no van a poder ir a Cataluña? ¿Por qué esos menores no pueden ir al País Vasco y tienen que venir obligatoriamente a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad Valenciana o al resto de comunidades autónomas sin saber si se tienen los recursos adecuados y sin desde luego poner encima de la mesa una memoria económica que garantice los recursos?", ha preguntado.
Por ello, recordaba, las comunidades autónomas del Partido Popular han recurrido el Real Decreto sobre el reparto de menores al Tribunal Constitucional y algunas van a recurrirlo al Tribunal Supremo.