La Generalitat crea un fondo de 10 millones para ayudar a los encausados por el Tribunal de Cuentas

  • Pedro Sánchez dice que lo estudiará y que lo recurrirá si no se ajusta a derecho  
Foto: REDACCIÓN |Vídeo: Telemadrid

El Gobierno catalán ha creado un fondo dotado inicialmente con 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat, a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.

Este fondo llevará el nombre de Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT) y se podrá acoger a él cualquier funcionario al que se pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumplan ciertos requisitos.

"No es un aval directo", ha asegurado en rueda de prensa el conseller de Economía, Jaume Giró que ha defendido la "solidez jurídica" de este mecanismo y ha descartado que se pueda acusar a la Generalitat de malversación por auxiliar a los 34 dirigentes del "procés" a quienes el tribunal administrativo reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros porque en ningún momento habrá "desplazamiento patrimonial".

El funcionamiento, ha desgranado, se asemejará al de un seguro privado y será una entidad financiera -aún por concretar, el Govern está conversando con varias- quien avale las mencionadas fianzas, con un contraaval de la Generalitat.

El dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso "nacionales e internacionales"; llegado ese punto, "el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración".

A preguntas de los periodistas, Giró ha aclarado que los diez millones disponibles para el contraaval saldrán de los presupuestos de la Generalitat, aunque no ha especificado de qué partida en concreto: "Lo estamos viendo" (...) "Hay muchas cajitas", ha dicho en alusión a las diferentes partidas presupuestarias.

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha reivindicado la puesta en marcha de este fondo en cumplimiento del "principio de indemnidad", por el cual las administraciones deben "defender a los servidores públicos" inmersos en causas judiciales por cuestiones relacionadas con el desempeño de su trabajo hasta que haya sentencia firme.

Pedro Sánchez dice que el Gobierno lo recurrirá si no se ajusta a derecho

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que están estudiando la decisión de la Generalitat de crear un fondo para avalar las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a ex altos cargos de la Generalitat, y ha garantizado que si no se ajusta a derecho, se recurrirá.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los medios de comunicación durante la comparecencia conjunta que ha ofrecido con la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, tras el encuentro bilateral que han mantenido en Tallín, primera parada de su gira por los países bálticos.

"Nosotros siempre hemos defendido que todo lo que se apruebe por todos lo Gobiernos autonómicos tiene que estar sujeto a derecho. Vamos a estudiar la decisión que se ha tomado y si está sujeto a derecho, nada que objetar, y si no, tendremos que recurrirlo. Esto en todo caso está siendo objeto de estudio y no puedo decir nada más", ha afirmado.

El líder del PP, Pablo Casado, le exigía este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que evite la "inadmisible malversación" que supone que la Generalitat de Cataluña vaya a crear un fondo para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas por el 'procés'. A su entender, se trata de un "fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado" y el PP está dispuesto a recurrir solicitando "la inhabilitación de los que lo aprueben".

Ciudadanos denunciará ante la Comisión Europea la creación de ese fondo según adelantaba en Twitter, su eurodiputado Jordi Cañas que considera "una burla" que "acciones personales delictivas sean cubiertas por dinero público".

Para Cañas, esta decisión del Ejecutivo de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya se debe a que "los delincuentes se envalentonan ante la impunidad y la complicidad" que, a su juicio, ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez, lo cual le parece "desolador".

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