El Tribunal de Cuentas reclama más de 5 millones a los independentistas por promocionar el 1-0 en el exterior

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El Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama a 40 excargos catalanes por gastos indebidos en la promoción exterior del procès, entre ellos al president de la Generalitat que permanece huido en Bélgica Carles Puigdemont, al expresident Artur Mas, a los indultados Oriol Junqueras, Raúl Romeva y a otros 37 ex cargos de la Generalitat por el presunto desvío de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

De este importe total, 5.151.156 euros corresponden al principal y otros 271.723,48 euros a intereses calculados previa y provisionalmente desde el día 28 de marzo de 2019, fecha de aprobación por el Pleno del Tribunal de Cuentas del informe de fiscalización, hasta la fecha del acto de liquidación fijado para este martes.

Responsabilidades individuales

Se les reclaman a cada uno cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos cargos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones del total.

Así, por ejemplo, las responsabilidades individuales se fijan en 1,9 millones de euros para Puigdemont y Junqueras, 2,1 para Romeva y 2,8 para Artur Mas. "La solidaridad se dará exclusivamente en las cuantías que corresponden a los periodos temporales de desempeño del cargo de cada uno de ellos", añade el documento.

Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

Posible embargo de bienes

La responsabilidad es compartida pero las cantidades reclamadas dependen de su grado de implicación así que las mayores son para el expresident Artur Mas y el exconseller de acción exterior Raúl Romeva a los que les reclama más de dos millones de euros.

Si no responden se les embargarán sus bienes. La pelota ahora está en manos del Gobierno que puede frenar la ejecución de esa reclamación del tribunal de cuentas.

Presiones

La oposición conservadora pide a Pedro Sánchez que defienda las instituciones mientras que los independentistas le presionan y consideran una “tomadura de pelo todo el procedimiento” y que “es escandaloso e ilustra este denominado tribunal”, como ha dicho Francesc Homs.

Resoluciones de un organismo que desde el propio Ejecutivo se calificaron de “piedra en el camino” en el proceso de diálogo con la Generalitat, según dijo el ministro José Luis Ábalos y dice la portavoz Mª Jesús Montero: “Como ya dijo el presidente del Gobierno ayer son resoluciones que luego pueden ser impugnadas en la vía judicial”.

Pero las presiones llegan desde los dos lados: el independentismo que dice que “instamos al Gobierno a retirar la Abogacía del Estado del Tribunal de Cuentas estas acusaciones y así retirar esto que ellos llaman piedras”, según ha dicho Miriam Nogeras de Junts per Catalunya.

Vergüenza del sanchismo

Y por parte de la oposición. “El Gobierno ni puede ni debe intervenir en el Tribunal de Cuentas y permitir que la Abogacía del Estado lo haga también con plena independencia”, ha dicho la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra. Ha asegurado que es una "vergüenza el asedio del sanchismo a instituciones democráticas" como el Tribunal de Cuentas y ha pedido que se deje actuar con independencia a este último en las causas abiertas contra los líderes independentistas.

“Si el Gobierno dice que eso no va a prosperar, pues quizá no necesitemos ni un Senado, ni un Tribunal Supremo ni un Tribunal de Cuentas, entreguemos todo el poder a Pedro Sánchez y acabamos antes, ha ironizado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Ha animado al Tribunal de Cuentas a ignorar las presiones y seguir con sus actuaciones para reclamar el dinero público supuestamente desviado para el proceso independentista catalán. "Si supera esta prueba, demostrará su valía", ha afirmado.

Para Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, ha anunciado “una ofensiva general para proteger al Tribunal de Cuentas”. Ha asegurado que “el Tribunal de Cuentas sirve para pagar las deudas que tienen los separatistas con todos los españoles” y ha acusado a Pedro Sánchez de querer usarlo para pagar las deudas que tiene con el separatismo con tal de mantenerse en La Moncloa”.

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