El Fiscal general en el Supremo: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende"
- Las acusaciones solicitan penas de entre los 3 y los 6 años de prisión, además de hasta 12 años de inhabilitación, suspensión como fiscal y multa, en tanto que la Fiscalía y la defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, han pedido su absolución
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha concluido este miércoles su declaración en el juicio destacando que "la verdad no se filtra, la verdad se defiende".
En la quinta y penúltima jornada del juicio, la Sala ha escuchado las explicaciones del fiscal general, que se enfrenta a entre 4 y 6 años de prisión por un presunto delito de revelación de secretos, por la filtración de un correo de la causa de fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.
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García Ortiz ha sostenido que los correos y la nota de prensa son "dos cursos causales absolutamente diferentes, tan diferentes como incompatibles".
"El hecho de empeñarme, que yo tenga una desagradable discusión con la fiscal superior, con que salga una nota cuando ya han salido los correos, es que yo quiero que la información pública y veraz de la Fiscalía es la que esté. Lo que quiero es que la Fiscalía tenga esto", ha aseverado.
DE LA ABSOLUCIÓN A PENAS DE ENTRE 3 Y 6 AÑOS DE PRISIÓN
Tras ello, el presidente de la Sala ha pedido a las partes que den cuenta de sus conclusiones finales, antes de exponer este jueves su informes finales.
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La acusación particular que ejerce Alberto González Amador, mantiene su petición de 4 años de cárcel y de 3 años de inhabilitación y suspensión de empleo.
En la misma línea se han pronunciado las acusaciones populares que ejercen el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Foro Libertad y Alternativa--que engloba también a Vox y Hazte Oír.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que van más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación.
Manos Limpias ha rebajado su petición de pena de cuatro a tres años de prisión, al pedir que aplique la atenuante analógica por vulneración del secreto sumarial, relacionado con un posible perjuicio al derecho de defensa.
De esta forma, el arco de penas que solicitan las acusaciones oscila entre los 3 y los 6 años de prisión, además de hasta 12 años de inhabilitación, suspensión como fiscal y multa, en mayor o menor grado, por los delitos de presunta revelación de secretos, prevaricación y subsidiariamente por infidelidad en la custodia de documentos.
Por su parte, tanto la Fiscalía como la defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, han pedido la absolución del fiscal general.
