La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha deslizado este miércoles que el decreto para paliar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán no incluirá medidas como la prohibición de los desahucios a personas vulnerables ni la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente, ya que ambos asuntos no cuentan con suficiente apoyo en la Cámara.
"Nosotros incorporaremos las medidas que cuenten con consenso", ha dicho Montero en los pasillos del Congreso al ser preguntada sobre si el decreto incluirá medidas de vivienda que están reclamando Sumar y otros socios de izquierda.
La vicepresidenta ha recordado que ya se ha intentado hasta dos veces aprobar un decreto con un escudo social que incluía la prohibición de desahucios a personas vulnerables y se ha rechazado por el voto en contra de PP, Vox y Junts. "En esta ocasión, tenemos que ser capaces de situar a aquellas que cuenten con la aprobación y con el consenso de los grupos. No vamos a tener un decreto ley para que otros grupos lo rechacen. Eso es lógico", ha aseverado.
Por su parte, el ministro de Consumo y miembro de Sumar, Pablo Bustinduy, ha dicho este miércoles que está "peleando" para que se incluya la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra en Irán y que el Consejo de Ministros aprobará este viernes.
Desde Sumar no entienden "cuál es la razón para resistirse a proteger a millones de inquilinos en España", en alusión al ala socialista del Gobierno, que descarta esta medida. Los socialistas descartan incorporar la prórroga de los alquileres, porque el PNV y Junts no lo apoyan y no quieren arriesgarse a que el decreto ley sea derogado en el Congreso.
Además de Bustinduy, los diputados de Bildu se han sumado a que el decreto, que se aprobará el viernes, debe de incluir medidas de protección a los inquilinos. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha defendido que la prórroga de los contratos de alquiler es una medida de "extrema necesidad" y ha dicho que espera que al final se imponga el "sentido común".
También Compromís ha considerado "inaceptable que el PSOE se resista a incluir las medidas de vivienda en el nuevo decreto" y ha pedido a los socialistas que "no se escuden detrás de los grupos nacionalistas de derechas". Alberto Ibáñez sostenía que "no sé de qué sirve que la gente tenga calefacción si no tiene casa", sintetizó gráficamente.
El diputado de Junts Josep Maria Cruset ha pedido expresamente a Montero, en la sesión de control del Congreso, que no incluya medidas contra los desahucios en el paquete de políticas para paliar los efectos de la guerra en Irán, porque si no "irán mal". "Medidas anticrisis, sí; chantajes, no", ha advertido.
También la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha reclamado, en su 'cara a cara' con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, que "no se la juegue esta vez" y que "aparte las propuestas más extremas".
En las últimas horas, el ala socialista del Ejecutivo se ha abierto a incluir, en el decreto del viernes, un tope extraordinario del 2% a la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda (26 de mayo de 2023), según fuentes cercanas a la negociación. Este tope ya se aprobó en 2022 -vinculado a la guerra de Ucrania- y estuvo vigente, mediante prórrogas, durante 21 meses, hasta finales de 2023. El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado enero, avaló la constitucionalidad de esta medida.
Fuentes del Ejecutivo han comentado que siguen negociando con PNV y Junts para ultimar las medidas que incluirá el decreto. Esas fuentes también han avanzado que habrá ayudas a renovables pero que no se contemplan ayudas fiscales en productos de alimentación por la vuelta a las reglas fiscales europeas, que dan menos margen de gasto al Gobierno en comparación con la guerra en Ucrania.
En esta línea, ha reconocido que la Comisión Europea está reticente a tocar la fiscalidad de los carburantes, a aprobar ayudas de Estado y a activar las llamadas cláusulas de escape nacionales o de salvaguardia, que son exenciones fiscales a las que los países pueden acogerse en circunstancias excepcionales.
El Senado español ha aprobado este miércoles una moción presentada por el Grupo Popular para instar al Gobierno a tomar medidas para paliar el deterioro del poder adquisitivo de las familias y el impacto de la subida de los precios energéticos, agravados por la guerra de Irán. El texto ha salido adelante con 149 votos a favor, 110 en contra y ninguna abstención.
Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha concretado si va a cumplir la promesa de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de que finalice el mes de marzo y ha pedido ser conscientes de la "gravedad de la situación" que atraviesa el mundo tras el reciente conflicto en Oriente Medio. En una rueda de prensa en La Moncloa junto a su homólogo ucraniano, Volodomir Zelenski, Sánchez ha evitado concretar si aprobará el proyecto de Cuentas Generales de inmediato y ha recalcado la importancia de las medidas que va a aprobar el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.
En ese sentido, también ha restado importancia a si el decreto ley que se aprobará el viernes incluye o no medidas sobre la vivienda, tal como exigen su socios de Sumar y ha asegurado que pondrá "todos los instrumentos del Estado" para "proteger" a los ciudadanos, aunque no ha querido "entrar en si es esta medida u otra con la gravedad de la situación que tenemos encima de la mesa..."
Sánchez dice que está gestionando "una de las mayores crisis" que ha tenido que afrontar desde el inicio de su mandato y considera que los ciudadanos deben ser conscientes de las consecuencias que tendrá este conflicto "en términos socio económicos" sobre los hogares españoles.