El Congreso rechazó por 171 votos a favor, 174 en contra, y una abstención la toma en consideración de una proposición de ley impulsada por UPN que tenía como objetivo impedir que los condenados por terrorismo puedan optar a empleos públicos en los que estén en contacto con menores, como profesores.
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de UPN, Alberto Catalán, quiso saber si los presentes "se imaginan a Txeroki, Txapote, Kantauri" o los "yihadistas responsables de los atentados del 11-M o de las ramblas de Barcelona dando clases en algún centro educativo". "El relato de ETA no lo pueden escribir los verdugos".
Deploró que "hoy se siguen realizando actos de enaltecimiento del terrorismo y de ETA, 374 durante 2025".
Si "no tiene ninguna lógica" que un "maltratador, un agresor sexual o un violador trabajen con menores, tampoco un terrorista", sobre todo porque trabajar con ellos supone "influir en su desarrollo personal" y un terrorista "no puede dar ejemplo de nada".
Aseguró que "llama la atención" cómo "nos reprochan" que hablemos de esta banda terrorista pero "otros no tienen problemas a la hora de recordar la guerra de Irak, la Guerra Civil y sacar a Franco cuando les interesa".
PSOE, Sumar y EH Bildu, entre otros motivos, rechazaron esta iniciativa por ir "en contra" de la reinserción laboral y social", acusando a UPN de querer "concederla o negarla a la carta". Se trata de un "principio jurídico reconocido por nuestro sistema constitucional y reforzado por el derecho europeo".
La diputada socialista Adriana Maldonado sostuvo que la diferencia entre UPN y el PSOE es que "nosotros creemos en la justicia, en una sociedad en la que reinserción tiene cabida". Le recordó que "hace 15 años ETA dejó de matar gracias a personas como Zapatero" o "Patxi López".
Carlos García Adanero, diputado del PP, preguntó si "les parece normal que cuan te has pegado media vida amenazado, mirando debajo de un coche lleves a tus hijos al colegio y le da clases el que te iba a matar, el que te ha matado, o el que escondió al que te mató o te quería matar". "¿Cómo nadie con dos dedos de frente puede defender que un terrorista dé clases?". Adanero deploró que "los que pertenecían a ETA y no han dejado de pertenecer son los que han hecho que el PSOE esté" en el Gobierno y eso es "una humillación para las víctimas" y deploró que discursos como el de Maldonado "ponen al mismo nivel a las víctimas y los verdugos".
Carlos Flores, diputado de Vox, aseguró que "un pasado vinculado a acciones terroristas debe inhabilitar moral y éticamente para impartir docencia", reconociendo que la redacción de la iniciativa "suscita alguna duda".
La diputada de Sumar Engracia Rivera, ataviada con una camiseta con la frase 'cállese señoro', tachó esta medida de "arbitraria" y criticó que "mete en el mismo saco a un comando operativo terrorista, a un rapero condenado por una letra de una canción o a una joven por un chiste". Pidió a Catalán que se convenza de que "ETA no existe".
Desde EH Bildu, Isabel Pozueta afeó a Catalán que esta sea "la primera propuesta que trae a debate y votación en casi dos años y medio de legislatura", ya que no contiene "nada" que pueda ayudar "mínimamente a la ciudadanía Navarra", sino que consiste en "negar derechos y utilizar el comodín de ETA". Tachó a UPN de ser una "mera sucursal de sus socios del PP y Vox".
Josep Pagès i Massó, de Junts, defendió que "terrorismo era ETA, el 11-M, los atentados del 17-A", pero "no" lo es "el legítimo ejercicio de los derechos de protesta y manifestación" ni "acciones de protesta más radicales". "No es terrorismo Urquinaona, ni los CDR del 23-S, ni Tsunami Democràtic", pero algunas personas han sido "perseguidas por terrorismo".
Por ERC, Pilar Vallugera expuso que salir a "estas alturas" a plantear esta iniciativa cuando "el último atentado de ETA fue en 2009" es "sacar el espantajo del terrorismo de ETA".