La nueva ley de vivienda pública de Madrid entra en vigor: más edificabilidad, más altura y menos trámites
- La Comunidad de Madrid activa su nueva ley de vivienda protegida: podrá impulsar hasta 18.000 viviendas públicas en cuatro años
- Se amplía durante dos años más la medida que permite transformar edificios de oficinas en viviendas residenciales e incorpora el silencio administrativo para acelerar proyectos
La Comunidad de Madrid pone en marcha este martes la nueva Ley de Medidas Urgentes para el Incremento de la Oferta de Vivienda con Protección Pública, una normativa con la que el Gobierno regional pretende impulsar la construcción de hasta 18.000 nuevas viviendas protegidas durante los próximos cuatro años.
La ley, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) tras su aprobación en la Asamblea regional el pasado 4 de junio, introduce cambios urbanísticos y administrativos destinados a aumentar la oferta residencial asequible, agilizar los proyectos y aprovechar suelo ya planificado.
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Más viviendas sin consumir nuevo suelo
Una de las principales novedades de la normativa es la posibilidad de incrementar hasta un 30% la densidad residencial y un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida.
Además, se permitirá aumentar la altura de los edificios hasta en dos plantas adicionales para materializar estos incrementos, sin necesidad de modificar previamente el planeamiento urbanístico.
La aplicación de estas medidas quedará en manos de los ayuntamientos, que podrán autorizarlas de forma excepcional durante un periodo de dos años para solicitar licencias y tres años para ejecutar las obras.
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Cambio de uso de suelos y edificios
La ley también amplía las opciones para destinar más espacios a vivienda protegida. Entre las medidas incluidas destaca la posibilidad de construir viviendas en suelos dotacionales de titularidad privada y terrenos destinados a hospedaje.
Asimismo, se amplía durante dos años más la medida que permite transformar edificios de oficinas en viviendas residenciales, una fórmula que ya estaba vigente y que busca incrementar la oferta habitacional en áreas urbanas consolidadas.
La Comunidad de Madrid facilita la construcción de 18.000 viviendas de protección pública
Menos exigencias de aparcamiento
Otro de los cambios relevantes afecta a los requisitos de estacionamiento. La normativa reduce la obligación actual de disponer de una plaza y media de aparcamiento por vivienda y la limita a una única plaza por piso.
Según el Ejecutivo regional, esta medida responde al incremento de los costes de construcción y busca facilitar la viabilidad económica de los proyectos residenciales protegidos.
Silencio administrativo positivo para acelerar proyectos
La nueva ley incorpora el denominado silencio administrativo positivo en determinados procedimientos urbanísticos.
De este modo, si los informes sectoriales preceptivos no se emiten en un plazo de tres meses, los expedientes podrán continuar su tramitación automáticamente, salvo en aquellos casos que afecten al dominio público.
La reforma también elimina la necesidad de presentar algunos informes en las fases iniciales de los procedimientos, aunque seguirán siendo obligatorios antes de la aprobación definitiva de los proyectos.
Nuevas fórmulas de alojamiento temporal
Entre las novedades figura también una habilitación para que los ayuntamientos puedan autorizar, de manera temporal y sin modificar el planeamiento urbanístico, alojamientos temporales en parcelas industriales vacantes situadas en entornos urbanos consolidados.
La Comunidad de Madrid considera que esta medida permitirá atender necesidades vinculadas a la movilidad laboral, aprovechar suelos infrautilizados y liberar viviendas actualmente ocupadas por usos temporales.
Objetivo: reducir plazos y aumentar la oferta
Con esta ley, el Gobierno regional busca acelerar la construcción de vivienda protegida mediante la reducción de trámites administrativos, la flexibilización de normas urbanísticas y el aprovechamiento de suelo ya disponible.
La Comunidad de Madrid confía en que el nuevo marco normativo contribuya a aliviar la presión sobre el mercado residencial y facilite la incorporación de miles de nuevas viviendas protegidas en los próximos años.
