El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) ha expresado "su profunda preocupación" por la aprobación en el Consejo de Ministros, del Real Decreto-ley que modifica la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, cediendo a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
Los habilitados nacionales –secretarios, interventores y tesoreros– aseguran desempeñar "funciones reservadas y esenciales" en todas las entidades locales, garantizando la legalidad, la transparencia, el control económico-financiero y la estabilidad presupuestaria.
COSITAL advierte que la cesión de competencias autonómicas exclusivas para cubrir estas plazas, como prevé el decreto-ley, pone en riesgo la unidad de la Escala, fragmenta un cuerpo que históricamente ha mantenido criterios uniformes de selección, formación y provisión de puestos en todo el territorio nacional.
Entre 2007 y 2013, periodo en que las comunidades autónomas ya gestionaron estas competencias, la cobertura de plazas fue insuficiente: se convocaron 956 plazas frente a las 4.197 convocadas por el Estado entre 2014 y 2022.
Esta experiencia evidencia que la descentralización no ha cumplido las expectativas que se esperaban, ni las aspiraciones del colectivo.
Además, sostienen que la regionalización de la selección y provisión de plazas podría debilitar la independencia de los funcionarios, comprometer la correcta fiscalización económico-financiera de los municipios y dificultar la estabilidad presupuestaria y la gestión de fondos públicos, incluyendo fondos europeos como los Next Generation UE.
COSITAL reitera su oposición a las enmiendas que permiten la fragmentación de la Escala y solicita el apoyo de todas las iniciativas parlamentarias que buscan mantener la unidad y el carácter estatal de la habilitación, esenciales para garantizar la calidad, la eficacia y la transparencia en el desempeño de las funciones reservadas de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local.