El presidente y el Gobierno insisten en que no aceptan chantajes de Ábalos ni de nadie, pero este mismo martes han cedido a varias exigencias, a cambio de votos, del partido de Puigdemont. El Consejo de Ministros ha aprobado la cesión de la gestión de la Oferta Pública de Empleo y aplazar el nuevo sistema de facturación de los autónomos. Con todo esto, el gobierno pretende volver a contar con el apoyo de Junts y por eso vuelve a enviar al Congreso la misma senda de estabilidad que se rechazó la semana pasada.
El Gobierno inició este martes la "segunda parte" de la legislatura con varios gestos dirigidos a Junts para intentar recomponer la mayoría de investidura con una ofensiva propositiva liderada en primera persona por el presidente, Pedro Sánchez. No obstante, fuentes gubernamentales admiten que desconocen "si hay agua en la piscina", aunque insisten en que las elecciones generales se celebrarán en 2027.
Sánchez hizo esta mañana una ronda de entrevistas en medios de comunicación catalanes, donde asumió, por primera vez y con varios matices con respecto a lo que afirmaba hace un mes, el incumplimiento de una serie de compromisos adquiridos con Junts en 2023. El jefe del Ejecutivo se comprometió a empezar a abordarlos con la aprobación en Consejo de Ministros de un primer real decreto-ley con tres puntos.
El primero es "facilitar y flexibilizar inversiones financieramente sostenibles a los ayuntamientos y entes locales" para que sus responsables políticos puedan utilizar su superávit en construcción de vivienda o gestión de agua. La segunda medida es "facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas, ampliando el plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación". Y, por último, la cesión de la gestión de las oposiciones de empleo público y los procesos de selección de los habilitados nacionales a Cataluña.
El Gobierno prevé aprobar otro decreto en las próximas deliberaciones del Consejo de Ministros para crear una partida que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables, otra medida exigida por Junts e, incluso, por el PP.
Este relanzamiento del acuerdo de investidura no ha sido negociado directamente con Junts, según reconoció la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Ejecutivo lo que hace es limitarse a cumplir su "hoja de ruta" y "los compromisos" adquiridos con todos sus socios. Ahora, espera "poder trabajar" con los independentistas catalanes "como con el resto de las fuerzas parlamentarias" para reactivar la agenda legislativa en 2026.
"Somos perfectamente conscientes de cuál es la complejidad parlamentaria que tenemos y esa realidad nos lleva lógicamente a exprimir al máximo la principal herramienta que tenemos, que es el diálogo", dijo Alegría. La portavoz rechazó que el Gobierno vaya a intentar sortear votaciones en el Congreso de forma extraordinaria, y reiteró que la "voluntad" de Sánchez es aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio.
"Evidentemente vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos y con nuestra palabra en lo que queda de legislatura".
Fuentes gubernamentales enmarcaron esta nueva ofensiva dentro de una "segunda parte de legislatura", aunque reconocieron que no tienen "ni idea" de "si hay agua en la piscina" y esperarán a comprobarlo en las próximas semanas.
Desde La Moncloa reclaman poner en valor el cumplimiento "muy grande" que se materializó para lanzar la legislatura con la ley de amnistía, e insistieron en que abordarán aquellas materias pactadas que están en sus "manos". En este sentido, no descartaron que en el futuro se aprueben nuevos decretos con otros puntos del acuerdo de investidura que hayan encallado.
Las mismas fuentes evitaron relacionar el paso dado por Sánchez a las apelaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Junts para que apoye una moción de censura instrumental, aunque no niegan que forma parte del "contexto" en el que se produce esta última ofensiva.