El exconcejal socialista y jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía Rafael Pineda, uno de los cinco detenidos por la trama urbanística de Emvisesa, que ha pasado este miércoles a disposición judicial, ha quedado en libertad con cargos, sin medidas cautelares, tras acogerse a su derecho a no declarar.
Así lo ha afirmado su abogado, Alberto Castejón, en declaraciones a los medios. "Lo único que nos sorprende muchísimo es que se haya procedido a la detención habiendo estado personado desde hace más de seis meses en unas diligencias previas en las cuales la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no ha aportado en el día de hoy absolutamente nada nuevo que no conociésemos hace ya más de cinco meses", ha añadido el letrado.
El abogado ha asegurado que, de todas maneras, estudiarán "muy bien lo último que han aportado, que no es novedoso ni sorprendente, simplemente es redundando en la investigación inicial que habían hecho" y que, posteriormente, analizarán toda esa documentación y "procederemos a la declaración de nuestro clientes en el sede judicial".
El caso en cuestión está relacionado con la venta de una parcela en Higuerón Norte, en Pino Montano, y junto a Pineda fueron arrestadas otras cuatro personas, en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, llevada a cabo este martes, entre las que se halla un empleado de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, todos ellos por su supuesta vinculación con la trama.
Se trata de un caso que vio la luz tras una denuncia por el proceso de enajenación de una parcela mediante subasta pública, comprada por 1,8 millones de euros y vendida a los pocos meses por casi cuatro millones.
De la investigación se ocupa el Juzgado de Instruccion número 10 de Sevilla, en funciones de guardia de detenidos, que ha acordado también la puesta en libertad provisional de las otras cuatro personas detenidas en relación con las presuntas irregularidades detectadas en una operación urbanística.
Como medidas cautelares civiles, de cara a asegurar las posibles responsabilidades civiles a las que tuvieran que hacer frente en un futuro, la jueza ha acordado la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de la prohibición de disponer de los bienes inmuebles y bienes muebles tanto de los cinco investigados como de las sociedades de las que son administradores, así como el bloqueo y embargo de los saldos de las cuentas bancarias tanto de las personas físicas investigadas como de las personas jurídicas, según informan desde la Oficina de Comunicación del TSJA.
Inicialmente, los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, uso de información privilegiada y corrupción entre particulares.
Durante sus respectivas comparecencias en sede judicial, los cinco detenidos se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.