Como agua de marzo, así reciben autónomos y comerciantes el paquete de ayudas directas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros extraordinario. 11.000 millones de euros que se reparten de esta forma: 7.000 millones en ayudas directas y el resto en créditos ICO y recapitalizaciones de empresas. 2.000 millones serán solo para Canarias y Baleares, las dos comunidades más afectadas por la pandemia por el mayor peso del turismo.
Estaba previsto que el plan viera la luz en el Consejo del pasado martes pero hubo que retrasarlo a este viernes tras un tira y afloja entre PSOE y Podemos.
La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al término de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, ha precisado que estos 7.000 millones se podrán destinar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros, para evitar que el sobreendeudamiento empresarial lastre la recuperación
Ayudas para pagar deudas
Las empresas y autónomos de sectores especialmente afectados por la pandemia y que sufrieran en 2020 una pérdida de ingresos de al menos el 30 % podrán optar a ayudas directas de hasta 200.000 euros para pagar deudas con proveedores, empleados o arrendadores.
Nadia Calviño, ha destacado que el objetivo de estas ayudas es anticiparse a "posibles problemas de solvencia empresarial" que pudieran tener "impacto macroeconómico" y poner en riesgo la recuperación.
La concesión de todas las ayudas está sujeta a una serie de condiciones, como que las empresas no tengan su domicilio en un paraíso fiscal ni estén en concurso de acreedores, y sus condiciones concretas se recogerán en un desarrollo reglamentario que el Gobierno aprobará en un plazo máximo de un mes y diez días.
Empresas y autónomos
Son ayudas no reembolsables de carácter finalista para empresas y autónomos que demuestren que sus ingresos hayan caído como mínimo un 30% con respecto a 2019. El dinero deberán destinarlo para el pago de deudas contraídas desde marzo de 2020 y la principal condición es mantener la acitividad hasta el 30 de junio de 2022.
“Para quienes han cerrado será tarde, a los que estamos abiertos nos vendrá bien”, dicen algunos comerciantes. En un plazo de 1 mes y 10 días el gobierno estará en condiciones de transferir la cantidad económica que gestionarán directamente las comunidades.
Ayudas directas
La mayor parte de los fondos, 7.000 millones, se materializarán en forma de ayudas directas para autónomos y empresas de un centenar de actividades, las más afectadas por la pandemia, entre las que se incluyen la hostelería, la restauración, el comercio, la cultura o los sectores auxiliares al transporte.
Los autónomos acogidos al régimen de módulos del IRPF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros y el resto de autónomos y empresas, a entre 4.000 y 200.000 euros.
La cuantía no podrá superar el 40 % de la caída de ingresos en el caso de microempresas y autónomos, y el 20 % en el resto de negocios.
En cuanto al reparto por regiones, Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones y el resto de comunidades autónomas, los 5.000 millones restantes, que se asignarán siguiendo los mismos criterios utilizados para el fondo REACT-EU.
Avales y reestructuración de deudas
La segunda pata del programa consiste en la creación de una línea de avales públicos de 3.000 millones para la reestructuración de deuda financiera de empresas que hayan recibido préstamos avalados por el ICO y que cumplan unos criterios que establecerá el Consejo de Ministros.
Estas empresas podrán acceder, según el análisis realizado por cada entidad financiera, a la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos, a la conversión de la deuda en préstamos participativos o, como "medida de último recurso", a quitas de deuda.
Fondo de recapitalización
La tercera línea del programa supone la creación de un fondo de recapitalización, articulado a través de Cofides y dotado con 1.000 millones, para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables.
El fondo dispondrá de distintos instrumentos de endeudamiento, capital y cuasicapital (como préstamos participativos) para reforzar los balances de las empresas, lo que conllevará una participación del Estado en los resultados positivos de estas empresas en el futuro, ha explicado Calviño.
