El Tribunal Supremo mantiene su orden de detención contra Puigdemont

El Tribunal Supremo se mantiene firme, y no cede a la presión del gobierno y de los independentistas catalanes. El alto Tribunal mantiene la orden de detención contra Puigdemont y los demás fugados, y no tiene previsto retirar la acusación de malversación una vez conocida la sentencia del Tribunal Constitucional que perdona los delitos del proceso independentista.

Un aval que supone el borrado de los delitos del 'procés', pero que no entra en la malversación, lo que impide a Puigdemont volver a España por la orden de detención que pesa sobre él.

El Tribunal Supremo sigue adelante y dice que quien interpreta la ley es él, y no el Tribunal Constitucional.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha asegurado este viernes que "el margen prevaricador del Tribunal Supremo se está estrechando" después de que el Constitucional avalase ayer la ley de amnistía.

"En un Estado de Derecho los jueces aplican las leyes, en el Estado español los jueces no. Aplican las leyes de la forma que a ellos les gusta y boicotean aquellas, como es el caso que nos ocupa, con las que están en desacuerdo político", ha lamentado.

Junts, el partido de Puigdemont, exige levantar la orden de detención contra Puigdemont. Creen que así lo establece la Ley de Amnistía.

Lo novedoso es la declaración que ha hecho el secretario general de Junts, Jordi Turrull sobre su participación en la elaboración de la Ley con la que Pedro Sánchez logró el apoyo para ser investido presidente. Turull, uno de los beneficiados por la amnistía, reconoce que participó en la redacción de la ley que le benefició a él mismo. "Yo participé en la redacción de la ley, es clarísima. Es que era algo que no producía dudas, pero tenemos ese fanatismo político de estos justicieros, que no jueces, de Marchena, Llarena, etcétera...", ha dicho en una entrevista este viernes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Y aquí reside una las claves del asunto: si la Ley es en realidad una autoamnistía, tal y como estipuló el informe de la CE hace sólo unas semanas: si la ley supone una amnistía autoconcedida por los propios procesados, algo que parecen confirmar estas declaraciones que acabamos de escuchar.

Eso es lo que tendrá que discernir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene previsto resolver en unas semanas sobre las cuestiones prejudiciales presentadas. Tiene la última palabra para discernir si la ley estrella del Gobierno de Pedro Sánchez es contraria a los principios de la Unión Europea.