La fiscal del 'procés': Puigdemont "no puede venir a España sin ser detenido"
- Subraya que Puigdemont tendrá que ponerse en manos del Supremo para que el tribunal decida
La ex fiscal general del Estado y fiscal del 'procés', Consuelo Madrigal, ha sostenido este lunes que el expresidente catalán Carles Puigdemont, contra quien pesa una orden de arresto por el 1-O, "no puede venir sin ser detenido" y puesto a disposición del Tribunal Supremo (TS), incluso en el caso de que el Tribunal Constitucional (TC) avale la ley de amnistía.
"Ahora mismo tiene unas órdenes de detención y (...) no puede venir sin ser detenido y puesto a disposición del tribunal, cuya acción ha eludido. Esto es así", ha dicho en el marco de un coloquio organizado por 'Artículo 14'. No obstante, ha matizado que después será el Supremo quien decida cómo actuar.
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Interrogada sobre qué hará el Tribunal Constitucional con la ley de amnistía, Madrigal ha expresado su confianza en la corte de garantías: "Es el garante de la constitucionalidad de las leyes y creo que debe hacer su función, y que la hará".
Pese a ello, ha lamentado que, en los últimos dos años, y en base a estadísticas elaboradas por la Fundación Hay Derecho, "en 2022 el 8,9% del volumen de la actividad del TC se resolvió por bloques de 7 a 4, dando la casualidad de que ese 8,9% constituía el 100% de los asuntos de trascendencia o relevancia de interés político". Ya en 2023, la cifra subió al 29%. "Las cifras hablan por sí mismas", ha subrayado.
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Y, a su juicio, la Presidencia del TC que ha ejercido hasta ahora Cándido Conde-Pumpido, con quien ha dicho que tuvo "una relación personal buena" cuando trabajaron juntos, tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Tribunal Supremo, no ha sido de "debate". "A mí me parece extraño. Creo que debe debatir más", ha afirmado.
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Sobre la ley de amnistía, ha incidido en que espera que, "en un asunto de tanto calado, esta pauta quiebre" y se resuelva por unanimidad o al menos por una amplia mayoría.
"El caso demanda ese consenso, que no es un consenso, sino un enjuiciamiento crítico y constitucional de una ley que tanto ha dividido a la sociedad española, pero no a la comunidad jurídica, que es prácticamente unánime en su rechazo", ha enfatizado.
