El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes por una amplia mayoría mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig. El fallo se ha acordado por 10 a 1, con el voto en contra del magistrado Ramón Sáez.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la corte de garantías, en línea con la Fiscalía, ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresident de levantar la orden de detención nacional, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía. Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig que, junto a Puigdemont, también están huidos de la Justicia española.
La orden dictada por el magistrado instructor del Supremo, Pablo Llarena frena el regreso a España a Puigdemont y, de hecho, uno de los principales argumentos del Constitucional, a partir de una ponencia de la magistrada progresista Laura Diez, es no desautorizar la actuación del juez Llarena.
Dice la resolución que la suspensión produciría un menoscabo del interés general, pues existe un proceso penal abierto y referido a hechos provisionalmente calificados como delitos graves.
En este sentido, sostiene el tribunal, la protección de intereses vinculados a la eficacia de la jurisdicción penal y a la investigación de las conductas imputadas debe prevalecer sobre el perjuicio alegado por los lideres independentistas.
Pero también lo rechaza porque acceder a la suspensión equivaldría a una resolución anticipada del fondo del recurso y exigiría efectuar un juicio sobre la aplicabilidad de la ley de Amnistía-
Dicho de otro modo, no atiende el principal argumento del expresident al dejar claro que la constitucionalidad de la Amnistía no implica que se tengan que alzar ya las medidas cautelares.
Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.
En su escrito, la defensa del Puigdemont hacía referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el Derecho de la Unión.