El Consejo de Ministros ha aprobado el desarrollo normativo para integrar la directiva europea sobre la transparencia en las condiciones de trabajo en la legislación española.
La medida, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obligará a empresas, autónomos y administración pública a especificar con detalle los términos clave de la relación laboral desde la firma del contrato.
Juanma Ortiz, abogado de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), ha detallado las principales novedades que transformarán las relaciones laborales.
En primer lugar, explica que será obligatorio especificar la duración exacta del periodo de prueba y detallar los logros u objetivos concretos que la persona trabajadora debe alcanzar para superarlo.
En segundo lugar, debe haber un desglose salarial explícito. Los contratos deberán fijar la estructura del salario detalladamente, incluyendo el base y pluses. También se deberán determinar las horas de trabajo exactas por día y el rango horario específico. En caso de no ser posible, habrá que ser muy específico con cómo se va a producir esa prestación.
Todas las exigencias se aplicarán de forma inmediata a las nuevas contrataciones y obligarán a adaptar o informar de estas condiciones a las relaciones laborales ya existentes. Esta medida ha generado dudas, ya que las empresas tendrán que hacer una mayor cantidad de trámites y burocracia.
Además, se teme que España ponga más exigencias de las que pide la Unión Europea y esto cause que los contratos sean interminables y difíciles de entender. Por último, advierte de que, más que cambiar las leyes, lo que hay que hacer es enseñar a los trabajadores a entender su propia nómina y derechos.
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