Cansados de que el Ministerio de Sanidad haga oídos sordos a sus reivindicaciones.
Y es que, casi cincuenta años después de comenzaran a nacer en nuestro país niños con malformaciones a consecuencia de la ingesta de este medicamento, sus afectados siguen esperando justicia.
Como contrapartida, han conseguido, por primera vez, el apoyo de la fiscalía general del Estado en sus demandas.
Se calcula que unas 300 personas tendrían derecho en nuestro país al pago de las indemizaciones por las secuelas que dejó en ellas la talidomida. Unas compensaciones que no terminan de llegar.
