Unas 500 familias de Vallecas, Vicálvaro y Pinto, contra CaixaBank por la venta de sus viviendas
- A fondos de inversión, antes de ofrecerles la oportunidad de poder comprarlas
- Se han manifestado frente a una de las sedes de CaixaBank en la capital
Los inquilinos de viviendas que fueron promovidas por la Obra Social la Caixa en Madrid (Vallecas, Vicálvaro y Pinto) han presentado una demanda contra CaixaBank por la inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos y por haber especulado con sus viviendas mediante su venta a un fondo de inversión, sin respetar el derecho a la adquisición preferente de las personas inquilinas.
Es lo que aseguran las más de 500 familias afectadas que la tarde noche de este miércoles, convocados por la plataforma PAH Vallekas y el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, protestaron ante la oficna de CaixaBank en la Plaza de Colón para mostrar su malestar por la venta de las viviendas a las sociedades Mosaic PropCo y Farley ITG.
Según señalan los denunciantes, los terrenos donde se construyeron algunas promociones de estas viviendas fueron vendidos por el Ayuntamiento de Madrid para integrarse en el programa de vivienda asequible promovido por la Obra Social la Caixa.
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Tras la fusión con Bankia, explican, el programa fue cancelado y comenzaron "subidas abusivas de las rentas, contratos no renovados y numerosos desahucios silenciosos".
Desde la Fundación La Caixa han asegurado a Telemadrid.es que estas viviendas ya no son propiedad de InmoCaixa.
Fuentes de la Fundación han aclarado que las viviendas afectadas no eran propiedad de CaixaBank ni de Bankia, sino que eran de InmoCaixa y estaban ligadas al programa de Vivienda Asequible de la Fundación 'la Caixa'.
InmoCaixa es la filial de CriteriaCaixa dedicada a la gestión, promoción y comercialización de inmuebles. Y definen la "misión de cubrir las necesidades financieras de la Fundació Bancaria 'la Caixa', para que ésta pueda desarrollar proyectos de obra social".
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Participación del Estado
Los denunciantes también se han dirigido al Gobierno. Según ellos, el Estado debe asumir su parte de responsabilidad dado que "mantiene una participación cercana al 18% de CaixaBank, lo que lo vincula institucionalmente con las decisiones del grupo".
"No solo debe interceder para frenar esta operación, sino que podría hacerse cargo de la adquisición de estas viviendas, por ejemplo, a través del SEPES, garantizando su incorporación al parque público", concluyen.
